California vuelve a colocarse en el centro del debate nacional sobre los límites entre libertad de expresión y protección contra la discriminación. La American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) presentó una demanda federal para impugnar la nueva ley estatal contra el antisemitismo, aprobada el mes pasado y firmada por el gobernador Gavin Newsom.
La norma, que entrará en vigor el 1 de enero, crea una Oficina de Derechos Civiles encargada de ayudar a las escuelas a identificar y prevenir actos de antisemitismo. Sin embargo, el grupo demandante argumenta que la ley es ambigua y podría silenciar el debate académico sobre Israel y Palestina, al no definir con precisión qué constituye antisemitismo.
Ley contra el antisemitismo: entre la protección y la censura
El documento legal sostiene que la falta de claridad genera un “efecto paralizante” entre educadores, quienes temen ser acusados de discriminación por abordar temas relacionados con el Estado de Israel o el sionismo. “Muchos docentes están optando por autocensurarse ante la incertidumbre”, señaló Jenin Younes, directora legal nacional de la ADC.
La demanda representa a profesores y estudiantes de escuelas públicas de California, así como al grupo Los Angeles Educators for Justice in Palestine. Uno de los firmantes, el maestro Jonah Olson, afirmó que teme consecuencias legales por responder a preguntas de sus alumnos sobre su identidad judía y su posición frente a Israel.
Por otro lado, organizaciones como la Anti-Defamation League (ADL) defienden la medida como una respuesta necesaria al aumento de incidentes antisemitas. En 2024, la ADL registró 860 actos de acoso, vandalismo o agresión contra estudiantes judíos o israelíes en escuelas de Estados Unidos, una cifra 26% menor que el año anterior, pero aún muy superior a los niveles de 2022.
El caso podría llegar a la Corte Federal, donde se pondrá a prueba hasta qué punto un Estado puede combatir el odio sin restringir el libre pensamiento dentro del aula. En una sociedad tan diversa como la californiana, el equilibrio entre educación inclusiva y libertad académica será una de las pruebas más desafiantes del nuevo año.
