México se encuentra nuevamente de luto y con mucha indignación. Sicarios asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y su muerte exhibe la violencia que asfixia a Michoacán y la incapacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad. El ataque ocurrió la noche del 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, una celebración local que terminó en tragedia.
Manzo, de 40 años, gobernaba Uruapan desde 2024 y había prometido enfrentar al crimen con decisión. Las balas interrumpieron ese compromiso, como ya ocurrió con otros líderes locales que se negaron a ceder ante el miedo. Su muerte refleja el colapso de la seguridad en Michoacán y en todo México, donde la violencia avanza sin freno y la impunidad se ha convertido en la norma.
La violencia no cede y el Estado calla
El país repite la misma historia: funerales, comunicados oficiales, promesas vacías y ninguna acción efectiva. La presidenta Sheinbaum anunció un nuevo plan de seguridad para Michoacán, pero los datos contradicen sus palabras. La violencia no disminuye; se expande bajo el gobierno de Morena, que lleva siete años en el poder culpando a los sexenios anteriores.
Durante ese tiempo, las autoridades maquillan la tragedia. Datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) confirman que la desaparición de personas en México es generalizada y sistemática. En 2022 el país alcanzó 100 000 casos. En 2023 crecieron 7.3%, en 2024 otro 6.3% y en 2025 un 12%. Hoy, los reportes siguen aumentando sin freno.
El gobierno minimiza los asesinatos y transforma las muertes en cifras manipuladas. Esa política de simulación comenzó con López Obrador y su frase “yo tengo otros datos”. La estrategia de abrazos dejó a las comunidades atrapadas por el miedo y la impunidad.
Diez alcaldes caídos y un país que sangra
Los criminales no distinguen partido ni región. Desde Guerrero hasta Hidalgo, diez presidentes municipales han muerto asesinados desde septiembre de 2024. Entre ellos figuran Alejandro Arcos Catalán, Román Ruiz Bohórquez, Yolanda Sánchez Figueroa y Miguel Bahena Solórzano, nombres que ya forman parte de una lista que crece cada mes.
El gobierno insiste en que hay avances, pero los hechos lo desmienten. La impunidad domina, y ningún plan federal recuperará la tranquilidad mientras la corrupción siga protegiendo al crimen. México no necesita discursos, necesita resultados. Cada alcalde asesinado demuestra que la estrategia oficial fracasó.
