En México la paciencia del campo se agotó antes que el semáforo verde en las carreteras. Los megabloqueos de campesinos y transportistas no nacen de un capricho electoral sino de años de promesas rotas, precios castigados y caminos dominados por el miedo. Detrás de cada tractor detenido y cada tráiler cruzado en el asfalto hay familias que viven de la tierra y del volante, no de contratos con el poder.
Mientras productores reclaman escucha real, el discurso oficial intenta desinflar la protesta. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, insiste en que “no había motivo” para los 29 bloqueos registrados en 17 estados y sugiere que todo responde a intereses del PRI, PAN y PRD. También reduce la movilización a “no más de mil productores agrícolas” en todo el país y agradece a cámaras como Canacar, Conatram, Fematrac, Unicarsoc, Tamexun, AMOTAC e INDECO por deslindarse de los cierres. El mensaje es claro y preocupante: se intenta aislar y criminalizar a quienes sí se atrevieron a parar.
Megabloqueos y promesas rotas al campo
Campesinos del Frente Nacional de Defensa del Campo y del Movimiento Agrícola Campesino recuerdan que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrecieron trato prioritario al sector rural y consulta directa para definir precios de granos. Sin embargo, la realidad que denuncian va en otra dirección. Mientras el precio de la tortilla sube, el precio de compra del maíz baja y golpea a quienes siembran. En consecuencia, las ganancias se concentran en intermediarios y corporativos como Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío.
Los productores relatan lo sucedido en la mesa de diálogo en Jalisco. Llegaron con la esperanza de acordar un mercado garantizado para 700 mil toneladas de maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada, pero encontraron sillas vacías: representantes de Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío ni siquiera se presentaron. Además, observan con alarma que Altagracia Gómez Sierra, nieta de Alfonso Gómez Somellera —fundador de Grupo Minsa—, fue nombrada Coordinadora del Consejo del Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización por Claudia Sheinbaum. Para el campo, esta foto resume el conflicto: el maíz barato beneficia a los mismos grupos empresariales que hoy tienen voz privilegiada en la estrategia económica del gobierno.
Por otro lado, los campesinos subrayan que se deslindan de cualquier partido político. No marchan por el PRI, el PAN o el PRD; lo hacen porque quieren vivir de su trabajo sin depender de subsidios discrecionales ni de coyotes que se quedan con la mayor parte del valor del maíz. La exigencia suena sencilla: precios justos, contratos claros, pagos en tiempo y piso parejo frente a las grandes corporaciones.
Seguridad en carreteras y derecho a protestar
Los megabloqueos tampoco se explican sin los transportistas. Quienes conducen día y noche sobre autopistas federales y carreteras estatales se enfrentan a asaltos, extorsiones y secuestros a manos de grupos criminales. A esto se suma que choferes y empresas pequeñas denuncian ausencias constantes de la Guardia Nacional y de las policías estatales: llegan tarde o simplemente no aparecen. Así, las carreteras de Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Colima o Ciudad de México se han convertido en puntos de riesgo cotidiano.
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) encabezó parte de la jornada nacional de protesta junto con organizaciones del campo. Exigen seguridad real en rutas y aduanas como Ciudad Juárez y Manzanillo, donde el flujo de mercancías se mezcla con la violencia. Asimismo, demandan que la discusión sobre tarifas y costos de operación deje de ignorar el desgaste humano y material de circular en un país donde cada viaje puede terminar en tragedia.
Frente a estas demandas, la Secretaría de Gobernación presume más de 200 reuniones con productores agrícolas y más de 316 con transportistas, además de mesas conjuntas con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En los papeles suena a diálogo inagotable; en la práctica, campesinos y choferes perciben acuerdos que no llegan al territorio, rutas sin patrullaje efectivo y precios de garantía que nunca se materializan.
La narrativa oficial no alcanza a ocultar la magnitud del descontento
La respuesta oficial endurece el tono. Rosa Icela Rodríguez afirma que bloquear carreteras constituye un delito y lanza una advertencia velada: muchos de los líderes que convocan a los megabloqueos tienen carpetas de investigación abiertas por tomas previas de casetas y vías. Este mensaje se parece demasiado a los gobiernos que este mismo movimiento prometió dejar atrás: se usa el aparato judicial para poner un techo a la inconformidad y se insinúa que toda protesta masiva está manipulada desde la oposición.
Los colectivos del campo y del transporte responden que las acusaciones sobre “intereses partidistas” intentan desviar la atención de lo esencial: la falta de seguridad en las carreteras, la caída del precio del maíz y la amenaza de reformas como la nueva Ley de Aguas sin consulta efectiva. Aseguran que las carpetas de investigación son una forma de presión indebida, que los bloqueos se levantaron sin incidentes mayores y que las movilizaciones seguirán mientras no haya respuestas concretas.
En territorio, la fotografía contradice el discurso de que “no hay razón para manifestarse”. Segob reconoce 29 bloqueos en 17 estados, 17 cierres totales y el resto parciales, además de tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes. Esos datos muestran un país donde la inconformidad ya no cabe en reuniones a puerta cerrada. Mientras el gobierno insiste en minimizar los megabloqueos, el campo mexicano y quienes lo conectan por carretera recuerdan que sin justicia en los precios y sin seguridad en las rutas no hay economía que se sostenga sobre la promesa de que todo va bien.
