La adolescencia en Tijuana atraviesa una peligrosa distorsión. Lo que solía ser una etapa de formación personal y sueños postergados se transforma, cada vez más, en una antesala a la criminalidad. No se trata de una percepción alarmista, sino de un fenómeno documentado: abogados penalistas han detectado un aumento preocupante de menores de edad involucrados en delitos graves, como homicidio, portación de armas y tráfico de drogas.
Según el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Tijuana, esta tendencia se ha agudizado desde agosto de 2025. Jóvenes de entre 15 y 17 años aparecen vinculados a células del crimen organizado, siendo reclutados por su capacidad para evadir penas severas. No se trata de una decisión ingenua o aislada. Es el resultado de un entorno donde el crimen ofrece lo que el Estado aún no garantiza: oportunidades, pertenencia y futuro.
Delincuencia juvenil y tejido social roto
Detrás de cada expediente judicial hay una historia sin contar, un hogar desintegrado, una escuela que no retuvo, un sistema que no previno. Los especialistas insisten en la urgencia de políticas públicas integrales. Programas sociales que detecten riesgos a tiempo, reformas legales que protejan sin castigar prematuramente, y acciones comunitarias que devuelvan a la juventud la noción de que vale más construir que destruir.
Del mismo modo, se advierte que la criminalización no puede ser la respuesta central. Necesitamos intervenir antes de que estos adolescentes empuñen un arma. El futuro de Tijuana también depende de ello.
En lo que va del segundo semestre de 2025, se han abierto más de 80 carpetas de investigación en Baja California relacionadas con menores de edad. Un dato que exige que miremos más allá del expediente legal y comencemos a hablar de prevención desde una mirada social y estructural.
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