Cuando los gobiernos dejan de coordinar, las comunidades pagan las consecuencias. Eso es lo que está ocurriendo en San Diego, donde las autoridades municipales presentaron una demanda contra el gobierno federal por instalar una barrera con alambre de púas en un terreno de propiedad local en Otay Mesa. La construcción afecta directamente el mantenimiento de una infraestructura de drenaje vital para evitar inundaciones.
La barrera fue instalada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sin autorización formal de la ciudad. El acceso a un canal pluvial quedó bloqueado, lo que impide tareas de limpieza y revisión antes de las lluvias. También se dañó el único camino de ingreso para vehículos de emergencia, algo que preocupa ante posibles desastres naturales.
San Diego demanda por derechos territoriales y seguridad local
La demanda legal, interpuesta, señala que CBP actuó sin permiso, violando tanto regulaciones municipales como principios de soberanía territorial. El alcalde Todd Gloria afirmó que la ciudad no se opone a reforzar la frontera, pero exige respeto a los procesos locales y protección para su infraestructura crítica.
Además, el gobierno de San Diego argumenta que la barrera también incumple con normas ambientales. Durante más de un año se intentó resolver el conflicto sin acudir a tribunales, pero la falta de respuesta llevó al Ayuntamiento a tomar acción.
En consecuencia, la ciudad exige que se retire la cerca, se repare el daño y se garantice el libre acceso al canal pluvial. Esto cobra especial relevancia considerando que Otay Mesa es una de las zonas más vulnerables de la región ante lluvias intensas y escurrimientos súbitos.
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