California impulsa una reforma clave sobre salud mental al promover una iniciativa legislativa que limita los rechazos de cobertura médica que dejan a niñas, niños y adolescentes sin atención especializada.
El debate surge en un contexto crítico. Estudios recientes muestran que la mayoría de jóvenes en California enfrenta dificultades de salud mental de forma recurrente, una tendencia que se intensificó tras la pandemia y que presiona a un sistema con escasez de especialistas.
Además, el problema no se limita a la falta de proveedores. Muchas familias cuentan con seguro médico, acuden a consulta y reciben una recomendación clínica que las aseguradoras rechazan después, lo que interrumpe tratamientos y agrava los cuadros emocionales.
Salud mental pone bajo escrutinio a las aseguradoras
La iniciativa presentada en la Legislatura estatal obliga a las aseguradoras a transparentar cuántas veces niegan atención relacionada con salud mental. El proyecto también establece sanciones económicas cuando las apelaciones estatales revierten una proporción elevada de esos rechazos.
Asimismo, organizaciones defensoras de la infancia advierten que el sistema desalienta a las familias a apelar. Los procesos resultan complejos, poco claros y desiguales, especialmente para hogares latinos o con dominio limitado del inglés, que presentan apelaciones con mucha menor frecuencia.
Por otro lado, datos oficiales revelan que cuando las apelaciones llegan a instancias estatales, los pacientes obtienen autorización para la atención solicitada en la mayoría de los casos. Esta tasa de reversión expone un patrón de rechazos que, según legisladores, incumple la ley vigente.
De igual manera, el debate se intensifica ante recortes federales previstos a programas de salud pública, una situación que podría dejar a millones sin cobertura médica.
En consecuencia, la discusión supera lo administrativo. Autoridades y especialistas coinciden en que limitar el acceso oportuno a la salud mental infantil afecta directamente a familias y comunidades, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas resultan urgentes en California.
