San Diego no muestra retenes visibles ni operativos masivos en sus calles, pero vive una transformación profunda en la forma en que se aplica la política migratoria en Estados Unidos. Durante los últimos meses de 2025, la ciudad se convirtió en uno de los principales focos de detenciones de inmigrantes a nivel nacional.
La escalada ocurrió de forma discreta y sostenida en los condados de San Diego e Imperial. Mientras otras ciudades acapararon titulares, la región superó incluso a Los Ángeles en número de arrestos migratorios durante septiembre, pese a tener una población considerablemente menor.
Inmigrantes bajo una estrategia federal más amplia
Datos oficiales analizados por CalMatters revelan que los arrestos de inmigrantes crecieron cerca de 1,500% entre mayo y octubre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. En esos seis meses, las autoridades federales arrestaron a más de 4,500 personas, frente a menos de 300 el año previo.
Además, septiembre y octubre concentraron más detenciones que todo 2024 combinado en la región. Las acciones ocurrieron en juzgados, retenes migratorios y zonas cotidianas, incluidos estacionamientos comerciales y alrededores de escuelas públicas. Organizaciones civiles advierten que estas prácticas desalientan a las personas a presentarse ante tribunales, aun cuando buscan regularizar su situación legal.
San Diego y el impacto social del aumento de arrestos
Activistas locales señalan un cambio clave en el perfil de los detenidos. Solo una cuarta parte tenía antecedentes penales, una caída significativa frente a años anteriores. También se documentaron arrestos de personas con décadas en el país, familias mixtas y casos con procesos legales en curso.
Por otro lado, voluntarios comunitarios patrullan barrios como Linda Vista y Barrio Logan para alertar sobre la presencia de agentes federales.
A pesar del aumento, San Diego no ha registrado los niveles de violencia observados en otras ciudades. Sin embargo, la incertidumbre persiste. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la expansión de personal y recursos, anticipando que la región seguirá siendo prioritaria en la aplicación de la ley migratoria.
