La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente una ley de California que limitaba la notificación automática a padres cuando estudiantes cambian su identidad o expresión de género en la escuela. La decisión reactiva una orden judicial previa mientras el caso sigue su curso en tribunales inferiores.
El fallo responde a una apelación de emergencia presentada por la organización conservadora Thomas More Society, que representa a padres que argumentan que la normativa estatal vulnera sus derechos religiosos y su autoridad sobre la crianza de sus hijos.
Corte Suprema reabre debate sobre notificación escolar
La mayoría de la Corte Suprema sostuvo que las políticas impugnadas podrían afectar el libre ejercicio religioso de los demandantes. En consecuencia, el tribunal permitió que se mantenga bloqueada la ley firmada en 2024 por el gobernador Gavin Newsom mientras se resuelve el fondo del litigio.
Los padres demandantes aseguran que la legislación promovía que las escuelas ocultaran información relevante sobre la identidad de género de los estudiantes. Por su parte, el estado de California defendió que la norma buscaba equilibrar la privacidad de los menores con los derechos parentales, especialmente en casos donde los estudiantes temen rechazo en sus hogares.
Asimismo, funcionarios educativos estatales habían señalado previamente que la política no imponía confidencialidad absoluta y que los padres conservan acceso a los expedientes académicos conforme a la ley federal.
División entre magistrados y presión federal
La decisión reflejó diferencias internas en el tribunal. Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas indicaron que habrían ampliado el alcance de la revisión, mientras que los magistrados liberales consideraron prematura la intervención, dado que el proceso aún continúa en instancias inferiores.
Por otro lado, el Departamento de Educación federal anunció que evalúa si California incumple legislación nacional en esta materia. Una determinación adversa podría poner en riesgo miles de millones de dólares en fondos educativos federales destinados al estado.
La Corte Suprema no resolvió de manera definitiva el caso, pero su decisión mantiene suspendida la aplicación de la ley mientras continúa la batalla judicial.
