Un caso de fraude postal en San Diego expone cómo una pareja operó durante años una red dedicada al robo de correspondencia y uso de datos personales. La investigación revela un esquema sistemático que afectó a múltiples víctimas en el condado.
Las autoridades confirmaron que los implicados se declararon culpables tras reunir pruebas sobre el uso de información robada para cometer distintos delitos financieros.
Fraude postal en San Diego operó con acceso a buzones
El fraude postal se basó en el acceso ilegal a buzones comunitarios mediante llaves robadas y falsificadas del servicio postal. A partir de julio de 2023, los acusados comenzaron a recolectar correspondencia para obtener datos personales.
Además, entre 2024 y 2025, sustrajeron correo en oficinas postales y complejos residenciales en zonas como East Village, Downtown, North Park y Pacific Beach. Esta información fue utilizada para abrir cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Asimismo, alteraban cheques robados para intentar cobrarlos en distintas sucursales. Aunque algunos empleados detectaron irregularidades, otros pagos lograron concretarse.
El esquema incluía el uso de números de seguro social, fechas de nacimiento y licencias de conducir para suplantar identidades. Esta práctica permitió ampliar el alcance del fraude.
Investigación reveló uso de identidades falsas en vehículos
El caso avanzó cuando empleados postales detectaron comportamientos sospechosos y alertaron a las autoridades. La pista llevó a un vehículo rentado con identidad robada que nunca fue devuelto.
Por otro lado, las autoridades rastrearon el automóvil hasta una empresa de renta. La investigación determinó que el vehículo fue obtenido con datos de una víctima.
También se identificó que los implicados utilizaban hoteles y otras ubicaciones para operar bajo identidades falsas. Esto complicó el seguimiento inicial del caso.
En consecuencia, el proceso judicial concluyó con la admisión de culpabilidad. Como parte del acuerdo, enfrentan una posible condena de hasta cinco años de prisión y el pago de más de 70,000 dólares en restitución a víctimas afectadas por el fraude postal.
