Destrucción de armas aseguradas al crimen organizado durante un operativo oficial en Tijuana
Destruyen más de mil armas aseguradas al crimen en Baja California

Destruyen más de mil armas aseguradas al crimen en Baja California

La destrucción de armas aseguradas a grupos del crimen organizado marcó una nueva jornada de coordinación entre autoridades federales y estatales en Baja California. Durante una ceremonia realizada en Tijuana, las instituciones responsables inutilizaron más de mil armas de fuego que permanecían bajo resguardo después de concluir los procesos legales correspondientes.

El acto tuvo lugar en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. De acuerdo con la información oficial, fabricantes de Estados Unidos produjeron alrededor del 70 % del armamento destruido.

Más de mil armas salieron de circulación en Tijuana

Las autoridades destruyeron mil 148 armas de fuego, entre ellas 878 armas cortas y 270 armas largas. Además, eliminaron mil 191 cargadores y 45 mil 555 cartuchos de distintos calibres que permanecían bajo custodia oficial.

El personal militar revisó cada arma, documentó el procedimiento con registros fotográficos y utilizó maquinaria hidráulica para realizar cortes que inutilizaron de forma permanente cada pieza. Después, los equipos clasificaron plástico, metal y madera para enviarlos a los contenedores correspondientes y completar el proceso.

Autoridades resaltan el impacto de estos aseguramientos

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, afirmó que retirar este armamento de circulación ayuda a prevenir delitos como asaltos, secuestros, extorsiones y homicidios. También explicó que las armas pertenecían a distintos grupos delictivos con presencia en el estado y que las corporaciones las aseguraron durante varios años, no únicamente en operativos recientes.

El funcionario agregó que las corporaciones entregan todas las armas aseguradas a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal. Después de concluir el proceso administrativo y jurídico, la Fiscalía determina si el armamento conserva algún vínculo con investigaciones penales. Cuando ya no existe esa relación, la dependencia entrega las piezas a la Secretaría de la Defensa Nacional para destruirlas de manera definitiva.

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