El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó retirar el proceso penal contra un líder sindical que participó en una protesta contra la política migratoria del presidente Donald Trump en California. Si David Huerta mantiene las condiciones de su libertad provisional durante las próximas semanas, el Gobierno cerrará el expediente de forma definitiva a finales de agosto.
Huerta preside el sindicato Service Employees International Union (SEIU) California, organización que representa a más de 750 mil trabajadores, entre ellos conserjes, agentes de seguridad y empleados de distintos sectores.
Líder sindical podría cerrar el caso a finales de agosto
La oficina del fiscal federal en Los Ángeles presentó una moción para retirar el proceso y explicó que dará por concluido el expediente de manera permanente si Huerta continúa respetando las condiciones de su libertad previa al juicio.
En un comunicado, Huerta aseguró que agentes federales lo derribaron, le rociaron gas pimienta y después lo detuvieron cuando ejercía su derecho constitucional a protestar. También afirmó que las autoridades utilizaron el proceso judicial para castigarlo y silenciar sus críticas.
“Nunca hubo un caso real, solo un intento de castigarme y silenciarme por ejercer mis derechos constitucionales”, expresó el dirigente sindical, quien reiteró que continuará protestando contra los abusos que, a su juicio, cometa la actual administración.
Sindicatos y legisladores respaldaron a David Huerta
David Huerta participó en una protesta en junio de 2025 frente a un establecimiento de Los Ángeles donde agentes federales ejecutaban una orden relacionada con presuntas violaciones migratorias. El arresto ocurrió durante las manifestaciones contra la ofensiva migratoria que llevó al gobierno de Donald Trump a desplegar la Guardia Nacional en la ciudad.
Las autoridades sostuvieron que Huerta bloqueó el acceso vehicular al inmueble, alentó a otros manifestantes a impedir el paso de los agentes y se resistió cuando un oficial intentó retirarlo del lugar.
Según el acuerdo firmado entre ambas partes, Huerta llegó al sitio de la orden judicial, permaneció frente a la entrada principal para expresar su rechazo a las políticas migratorias y animó a otras personas a hacer lo mismo. Como consecuencia, al menos un agente federal consideró que no podía ingresar por ese acceso.
Líderes sindicales, organizaciones defensoras de los inmigrantes y legisladores demócratas rechazaron el arresto y exigieron la liberación de Huerta. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, junto con los dos senadores por California, solicitó explicaciones al gobierno federal. Además, el senador Adam Schiff acudió a la audiencia de libertad bajo fianza.
En un primer momento, los fiscales presentaron un cargo por obstrucción grave. Posteriormente cambiaron la acusación por un delito menor y ahora solicitaron retirar por completo el proceso penal.
Los abogados Abbe Lowell y Marilyn Bednarski celebraron la decisión y afirmaron que el expediente nunca tuvo fundamento jurídico. También sostuvieron que las autoridades intentaron frenar las críticas contra la política migratoria del gobierno.
