El Concejo Municipal de San Diego aprobó por unanimidad una resolución para buscar mayor control local sobre los vehículos autónomos y otras tecnologías de inteligencia artificial que operan en la ciudad.
La votación de 8-0 ocurrió después de que la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) autorizara las operaciones de Waymo en San Diego desde el 1 de septiembre. La ciudad no participó directamente en la definición de las condiciones para el servicio.
Waymo genera debate por seguridad y empleos
El concejal Sean Elo-Rivera aclaró que la resolución no pretende frenar la innovación. Sin embargo, trabajadores del transporte expresaron preocupación por el impacto que una expansión de vehículos sin conductor podría tener sobre sus empleos.
El Aeropuerto Internacional de San Diego concentró parte del debate. La concejal Marni von Wilpert señaló que representa uno de los últimos espacios donde los taxistas mantienen una fuente importante de ingresos.
Funcionarios municipales también mostraron imágenes de vehículos autónomos detenidos en el tráfico o interfiriendo con equipos de emergencia. Von Wilpert sostuvo que ninguna tecnología debería obstaculizar la respuesta de bomberos, policías o ambulancias durante una emergencia.
La empresa defiende su historial de seguridad
Adam Lane, gerente de políticas estatales y locales de la compañía, calificó la resolución como “extraordinariamente prematura”. Señaló que el servicio atravesó un proceso de revisión estatal iniciado a principios de 2025.
Según Lane, la empresa ya completó miles de viajes y sus datos muestran una reducción del 94% en accidentes con lesiones graves. También aseguró que más de 100,000 residentes de San Diego se registraron en la lista de espera.
La compañía afirmó además que capacitó a casi 300 socorristas y realizó tres meses de pruebas con autoridades aeroportuarias para preparar operaciones en las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.
Antes de votar, el Concejo agregó cuatro enmiendas. Estas buscan reducir la circulación de unidades vacías y exigir que puedan detenerse de manera segura ante apagones o ciberataques.
Las modificaciones también plantean impedir ascensos o descensos en ciclovías y cruces peatonales, además de garantizar estándares de accesibilidad para personas con discapacidad.
Elo-Rivera defendió la necesidad de establecer salvaguardas conforme avance la inteligencia artificial. Von Wilpert, por su parte, advirtió sobre los riesgos de permitir que las empresas que desarrollan estas tecnologías terminen definiendo sus propias reglas.
