Nuevos documentos internos arrojan dudas sobre cómo la policía universitaria manejó la denuncia de una exestudiante que afirma haber sufrido una violación grupal en Cornell en octubre de 2024. Los registros muestran diferencias entre lo que la joven relató durante su entrevista y la información que posteriormente recibió la Fiscalía del condado de Tompkins.
La mujer, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, presentó en septiembre una demanda civil contra la universidad, siete hombres y organizaciones estudiantiles. La Fiscalía anunció después que volvería a examinar el caso y pretende presentarlo ante un gran jurado. Hasta ahora, ninguno de los involucrados enfrenta cargos penales.
Documentos de Cornell muestran diferencias en el reporte
Según los documentos obtenidos por The New York Times, Doe declaró ante la policía universitaria en noviembre de 2024 que estaba segura de haber sido violada. Esa afirmación, de acuerdo con la publicación, no apareció en el informe que llegó posteriormente a los fiscales.
La Fiscalía explicó el 28 de septiembre que la declaración jurada recibida en 2024 describía el consumo de drogas y las actividades sexuales como voluntarias y consentidas. Con aquella información decidió no presentar cargos.
Doe, sin embargo, había relatado sentirse demasiado intoxicada para tomar decisiones. También afirmó que intentó detener lo que ocurría y manifestó incomodidad durante los hechos.
La Fiscalía vuelve a revisar las acusaciones
La demanda presentada este año sostiene que siete hombres agredieron sexualmente a Doe durante varias horas en la casa de la fraternidad Chi Phi. También acusa a la universidad y organizaciones estudiantiles de negligencia en el manejo del caso.
Los registros describen además cómo la joven procesó durante varios días lo ocurrido. Inicialmente intercambió mensajes con uno de los hombres posteriormente señalados y llegó a escribir que los actos sexuales no habían sido ilegales. Días después afirmó que gran parte de lo sucedido no había sido consensuado.
La reapertura no implica que las acusaciones hayan quedado probadas. La Fiscalía del condado de Tompkins tiene la responsabilidad de determinar si existen elementos suficientes para avanzar por la vía penal.
La propia universidad ha señalado que realizó una investigación y un proceso disciplinario interno. Cornell informó que las sanciones resultantes incluyeron suspensiones y expulsiones, aunque las leyes federales de privacidad limitan los detalles que puede revelar públicamente.
