En un giro legal significativo para la comunidad migrante en California, el gobernador Gavin Newsom firmó el 7 de octubre de 2025 la ley SB 972, que prohíbe a las autoridades locales compartir datos personales de vendedores ambulantes con agencias federales de inmigración. Este avance representa un paso firme hacia la protección de los trabajadores informales, muchos de ellos de origen mexicano, cuya actividad es fundamental en ciudades como San Diego.
El impacto de esta legislación se siente especialmente en barrios como Logan Heights o San Ysidro, donde los puestos callejeros son parte del pulso cotidiano. Los vendedores, en su mayoría latinos, operan en un limbo regulatorio que históricamente los ha dejado expuestos. Ahora, con esta ley, se salvaguarda información clave como nombres, direcciones y permisos comerciales, evitando que esa data se convierta en una herramienta para deportaciones.
San Diego y su comunidad latina, en el centro del cambio
En San Diego, donde más de 500 mil residentes se identifican como latinos, esta ley responde a años de presión comunitaria. Según el Migration Policy Institute, alrededor del 70% de los vendedores ambulantes en California son inmigrantes, y muchos carecen de estatus legal.
Reconocimiento legal al aporte de la economía informal
El senador demócrata Lena Gonzalez, promotora de la SB 972, destacó que esta ley no solo protege datos, sino también la dignidad y la seguridad de quienes mantienen viva la economía informal. “Estamos cerrando una brecha que permitía persecuciones injustas”, señaló.
Una investigación publicada en agosto de 2025 por UCLA mostró que los vendedores callejeros generan aproximadamente $480 millones anuales en ingresos en el estado, contribuyendo a la economía sin acceder a protecciones básicas.
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