La violencia organizada en Estados Unidos volvió a mostrar un rostro inquietante en el sur de California. Adolescentes reclutados por estructuras criminales transnacionales aceptaron su responsabilidad penal tras una serie de ataques armados ocurridos en Chula Vista, un caso que expone cómo el crimen organizado explota la edad para evadir castigos mayores.
San Diego y su zona metropolitana quedaron en el centro de atención luego de que dos jóvenes de Los Ángeles se declararan culpables ante una corte federal. Ambos participaron en ataques dirigidos contra objetivos específicos vinculados a una red asociada al Cártel de Sinaloa y a la Mexican Mafia, según autoridades federales estadounidenses.
Además, los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando los adolescentes, entonces menores de edad, ejecutaron un primer intento de homicidio en un estacionamiento comercial. El ataque dejó a una víctima herida y provocó una huida apresurada tras una falla en el arma utilizada.
Adolescentes reclutados por pandillas para evadir sanciones penales
Las investigaciones federales establecieron que los adolescentes fueron seleccionados deliberadamente por su edad. El objetivo consistía en reducir el riesgo de que los responsables enfrentaran procesos como adultos. Cada uno recibió una compensación económica significativa a cambio de ejecutar los ataques.
Asimismo, horas después del primer incidente, los jóvenes regresaron armados al domicilio de la víctima. Abrieron fuego de manera indiscriminada y causaron heridas graves a una tercera persona. En ese intercambio murió un acompañante de los agresores, lo que derivó en cargos adicionales bajo la doctrina de acto provocador.
Impacto social y respuesta de las autoridades
Por otro lado, el caso generó preocupación en comunidades urbanas del sur de California, donde el reclutamiento juvenil por pandillas sigue presente.
Las autoridades señalaron que los adolescentes provenían de Wilmington, un vecindario portuario de Los Ángeles con historial de actividad criminal organizada. La pandilla involucrada mantiene operaciones de tráfico de drogas, armas y extorsión, de acuerdo con fiscales federales.
El FBI en San Diego confirmó que los acusados recibirán sentencia en marzo, mientras subrayó que el uso de menores para cometer asesinatos no quedará impune bajo la ley federal estadounidense.
