La Asamblea recibe una decisión clave sobre las protestas
El Gobierno de Bolivia busca mantener durante otros 90 días el estado de excepción que rige desde junio, una decisión que deberá recibir el aval de la Asamblea Legislativa y que llega ante nuevos anuncios de movilizaciones sociales.
El Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz aprobó el decreto para solicitar la ampliación. La medida actual vence el 18 de septiembre y surgió después de semanas de bloqueos que afectaron carreteras, abastecimiento y actividades económicas en distintas regiones del país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que el Gobierno pretende mantener el régimen excepcional mientras persistan los factores de riesgo. La Asamblea deberá analizar y votar la propuesta para que pueda entrar en vigor.
Una comisión de la Cámara de Diputados ya había respaldado una iniciativa para prolongar el estado de excepción por otros 90 días. Sus impulsores argumentaron que existen anuncios de nuevas movilizaciones y que buscan preservar la actividad económica.
La medida, sin embargo, divide al escenario político. Sectores opositores cuestionan su continuidad, mientras parte del oficialismo sostiene que resulta necesaria ante el riesgo de nuevos bloqueos.
El primer estado de excepción comenzó el 20 de junio, después de varias semanas de protestas y cierres de carreteras. El conflicto provocó problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a $3,000 millones, según los reportes disponibles.
La tensión continúa vinculada, entre otros factores, con el suministro y precio de los combustibles. El Gobierno ha adoptado nuevas medidas para permitir la importación de petróleo y comercializar sus derivados a precios de mercado sin subvención estatal.
Transportistas y otros sectores han protagonizado o anunciado movilizaciones frente a las políticas relacionadas con los carburantes. Empresarios, en contraste, han reclamado medidas para impedir que nuevos bloqueos paralicen las carreteras.
La Asamblea tendrá ahora la decisión sobre la extensión del estado de excepción. La legislación boliviana permite una ampliación excepcional por otros 90 días con autorización legislativa.
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