California aplica desde enero una nueva tarifa a la venta de productos que contienen baterías no extraíbles, como herramientas eléctricas, consolas de videojuegos, juguetes electrónicos y dispositivos domésticos. La medida amplía el sistema estatal de reciclaje electrónico y busca reducir los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estos componentes.
La tarifa equivale al 1.5% del precio del producto y tiene un tope máximo de 15 dólares por unidad. El cobro se activa en el punto de venta y aplica tanto a baterías recargables como a las de un solo uso integradas en los dispositivos.
La ley amplía el reciclaje ante el aumento de residuos de baterías no extraibles
La nueva tarifa surge de la Ley SB 1215, aprobada en 2022, que extiende un programa de reciclaje vigente desde hace dos décadas para televisores y monitores. Autoridades estatales detectaron que miles de toneladas de baterías terminan cada año en vertederos, muchas veces de forma ilegal o accidental.
El Departamento de Recursos de Reciclaje y Recuperación de California estima que más de 7,300 toneladas de baterías llegan anualmente a los basureros. Muchas contienen litio, un material que puede incendiarse o explotar bajo ciertas condiciones en centros de residuos y reciclaje.
Representantes del sector de manejo de desechos explicaron que el costo preventivo de la tarifa resulta menor frente a los incendios, cierres de plantas y aumentos de seguros derivados de baterías mal desechadas.
Incendios y riesgos impulsan nuevas regulaciones
Los incendios provocados por baterías de litio se han convertido en un problema frecuente en California. En años recientes, instalaciones de reciclaje sufrieron daños millonarios tras incendios originados por estos dispositivos, lo que incrementó los costos para comunidades y contribuyentes.
Además, incidentes en viviendas, vuelos comerciales y centros de almacenamiento reforzaron la urgencia de mejorar los sistemas de recolección. Aunque algunos productos como los vapeadores desechables quedaron fuera de esta tarifa, legisladores ya analizan nuevas restricciones para atender ese tipo de residuos.
El estado también trabaja en normas adicionales para grandes sistemas de almacenamiento energético, mientras expertos subrayan que el manejo responsable de las baterías resulta clave en la transición hacia energías limpias.
