La defensa de la privacidad digital vuelve al centro del debate en California. El fiscal general Rob Bonta presentó una demanda contra la ciudad de El Cajon, acusando a su departamento de policía de compartir información de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con agencias de más de dos docenas de estados, en aparente violación de la ley estatal.
El caso, presentado ante la Corte Superior de San Diego, busca que la ciudad deje de enviar esos datos fuera del estado, un paso que, según Bonta, pone en riesgo la seguridad y privacidad de residentes, especialmente mujeres y comunidades inmigrantes. La normativa californiana, vigente desde hace casi una década, prohíbe expresamente que los datos recolectados por estos sistemas —que incluyen número de placa, hora, fecha y ubicación— se compartan con autoridades federales o de otros estados.
Debate por los límites entre seguridad y privacidad en El Cajon
Bonta afirmó que el incumplimiento “socava la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad”, recordando que los datos fuera de California pueden usarse en contextos donde las leyes sobre inmigración o derechos reproductivos son más restrictivas. En consecuencia, señaló que el propósito de la legislación estatal fue justamente “asegurar que la información sobre los californianos permanezca en California”.
Por su parte, el alcalde Bill Wells defendió la postura local, asegurando que el uso compartido de datos permite atrapar criminales provenientes de otros estados. “El crimen no se detiene en la frontera”, declaró, calificando la demanda de “exceso de poder”.
Del mismo modo, el caso revive tensiones políticas sobre el equilibrio entre seguridad pública y libertades individuales. Grupos defensores de la privacidad advierten que la información almacenada en bases de datos federales puede ser usada por ICE o Border Patrol para identificar inmigrantes, lo que refuerza la preocupación sobre el alcance de esta tecnología.
El proceso judicial llega justo después de que el gobernador Gavin Newsom vetara el Senado Bill 274, que buscaba imponer límites más estrictos al uso de lectores de matrículas. El proyecto proponía eliminar datos en 60 días y realizar auditorías aleatorias, medidas rechazadas por asociaciones policiales.
