California prohíbe la venta de pistolas semiautomáticas convertibles

California refuerza el control de armas con la nueva ley AB 1127

California avanza nuevamente como pionera en políticas de control de armas con la firma de la ley AB 1127, que prohíbe la venta de pistolas semiautomáticas capaces de convertirse en ametralladoras mediante dispositivos conocidos como “Glock Switch” o “pistol converter”.

La legislación, firmada por el gobernador Gavin Newsom, busca frenar la proliferación de armas modificadas que han incrementado la letalidad en tiroteos recientes. El proyecto fue impulsado por el asambleísta Jesse Gabriel, del sur de California, quien subrayó que el objetivo es cerrar un vacío legal que permitía modificar armas de fuego comunes con piezas del tamaño de un ladrillo de Lego.

Una ley con enfoque preventivo y respaldo social

A partir del 1 de julio de 2026, los comerciantes con licencia no podrán vender ni transferir pistolas semiautomáticas con diseños fácilmente convertibles en automáticas. La medida también prohíbe la fabricación, transporte o posesión de armas que incluyan modificadores. Sin embargo, no afecta la tenencia de pistolas Glock ya adquiridas ni su reventa dentro del estado.

La ley responde a tragedias recientes como la ocurrida en 2022 en Sacramento, donde Greg “Najee” Grimes fue asesinado con una Glock modificada que disparó 11 tiros en segundos. Su madre, ahora activista de Moms Demand Action, se ha convertido en una voz nacional por la reforma de armas.

Entre las figuras que reaccionaron a la medida se encuentra Kamala Harris, quien reconoció poseer una Glock sin modificar desde hace años. “Sí, la he usado en un campo de tiro”, comentó entre risas en una entrevista, en referencia a una práctica común y legal en California.

El asambleísta Gabriel confía en que la nueva ley motive a los fabricantes a rediseñar sus modelos para evitar modificaciones ilegales. “Glock conoce este defecto desde hace tiempo”, declaró. El reto ahora será equilibrar el derecho a la posesión con la seguridad pública en un estado que mantiene una de las políticas de control más estrictas del país.