La conversación pública en Estados Unidos volvió a girar esta semana hacia California tras un anuncio que abrió inquietudes sobre movilidad, legalidad y seguridad vial. El estado informó que revocará 17,000 licencias comerciales otorgadas a inmigrantes porque sus fechas de vencimiento no coincidían con el periodo autorizado de permanencia en el país, una decisión que impacta a trabajadores, industrias y comunidades enteras.
El anuncio llegó en medio de críticas del gobierno federal. Además, marcó un punto clave para ciudades como San Diego, donde miles de familias dependen del transporte comercial para sostener actividades económicas locales y regionales.
Licencias bajo revisión y tensiones crecientes
El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que California actuó de manera incorrecta al emitir estas licencias. En consecuencia, acusó al estado de incumplir estándares federales y advirtió que continuará presionando para identificar otros casos similares. Por otro lado, la oficina del gobernador Gavin Newsom sostuvo que todos los conductores contaban con permisos de trabajo válidos, lo que intensificó la disputa política.
La normativa estatal exige que la vigencia de una licencia coincida con el periodo legal de estadía del titular. Asimismo, la oficina del gobernador reconoció que los registros no respetaron ese criterio en miles de expedientes.
Nuevas reglas y efectos en la comunidad migrante
Las medidas anunciadas por Duffy endurecen la obtención de licencias para no ciudadanos. Además, establecen que solo ciertos tipos de visas permitirán acceder a un permiso comercial con una vigencia máxima de un año. De igual manera, el gobierno federal exigirá que los estados verifiquen el estatus migratorio en bases de datos nacionales.
Los datos más recientes muestran que solo 10,000 de los 200,000 conductores no ciudadanos del país cumplirían los nuevos criterios. En contraste, California deberá invalidar licencias en 60 días para quienes ya recibieron notificaciones formales. El estado enfrenta también el riesgo de perder hasta 160 millones de dólares en fondos federales si no corrige completamente el sistema.
