Paneles solares en un barrio californiano al atardecer
California vive un momento clave para su mercado energético mientras un tribunal de apelaciones revisa la regulación que podría cambiar la forma en que casi dos millones de hogares y negocios reciben compensación por la energía solar que inyectan a la red eléctrica. Este debate combina economía, justicia tarifaria y el futuro de la energía limpia en el estado dorado.
La Comisión de Servicios Públicos de California actualizó en 2022 las tarifas de medición neta conocidas como NEM 3.0. Bajo estas normas solares los nuevos clientes que instalan paneles ya no reciben créditos al precio minorista por la energía que generan de más. En vez de ello, se les paga según un cálculo denominado “costo real evitado” que suele ser menor.
El regulador estatal sostiene que la medida crea señales de precio más precisas y equilibra los costos entre clientes con y sin sistemas solares. Asimismo, argumenta que el marco permite que el inversionista promedio recupere su inversión en alrededor de nueve años.
No obstante, tres grupos ambientalistas han llevado el caso ante la justicia, alegando que la comisión no consideró adecuadamente los beneficios sociales, ambientales y económicos de la energía solar distribuida. Esto ha prolongado el proceso legal hasta el tribunal de apelaciones, donde se espera un fallo que podría modificar la compensación o mantener el statu quo.
La disputa trasciende lo técnico y toca la vida diaria de familias que buscan reducir costos de electricidad y planear inversiones a largo plazo. De igual manera, redefine el ánimo del mercado solar en zonas como San Diego y comunidades latinas que han abrazado la energía limpia como alternativa económica y ambiental.
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