La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que podría volver a examinar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano si detecta cambios importantes en las condiciones que permitieron cerrar su revisión preliminar en 2021.
El pronunciamiento llega mientras el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella plantea retirar a Colombia del Estatuto de Roma y el Congreso debate una reducción superior al 20% del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La CPI condiciona su decisión al avance de la justicia
La Fiscalía del tribunal, con sede en La Haya, explicó que el cierre del examen preliminar respondió a los avances de las autoridades colombianas, especialmente de la JEP, en la investigación de crímenes graves.
Sin embargo, el acuerdo de cooperación firmado en 2021 permite reconsiderar esa decisión ante obstáculos judiciales, interferencias en el funcionamiento de los tribunales o modificaciones sustanciales al sistema de justicia transicional.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, anunció que informará sobre los posibles recortes a organismos internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Durante su campaña, De la Espriella cuestionó la efectividad del tribunal de paz y planteó eliminarlo por considerar que favorecía la impunidad. Sus defensores sostienen que reducir sus recursos podría limitar las investigaciones y la atención a las víctimas.
Salir del Estatuto de Roma no eliminaría las obligaciones
La Fiscalía también aclaró que una eventual retirada de Colombia solo tendría efectos un año después de su notificación formal.
Además, el país conservaría las obligaciones adquiridas desde noviembre de 2002. La salida tampoco interrumpiría automáticamente los procedimientos o asuntos que el tribunal ya estuviera examinando.
Entre junio de 2004 y 2021, la Fiscalía internacional evaluó durante 17 años la respuesta judicial colombiana frente a delitos como los falsos positivos, los secuestros y el reclutamiento de menores.
El Acuerdo de Paz de 2016 y la creación de la JEP contribuyeron al cierre de aquella revisión. Colombia asumió compromisos para proteger la independencia de sus jurisdicciones, garantizar recursos y facilitar información sobre sus investigaciones.
La cooperación continuó en 2026, con visitas de delegaciones internacionales en febrero y mayo. La última estuvo encabezada por la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan.
Por ahora, el tribunal no anuncia una nueva investigación. No obstante, mantiene abierta esa posibilidad si las decisiones del Gobierno y del Congreso afectan la capacidad de Colombia para juzgar los crímenes más graves del conflicto.
