Colombia plantea reducir la supervisión de la ONU
El gobierno de Abelardo de la Espriella busca limitar el seguimiento internacional a la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz de Colombia. La propuesta llegará al Consejo de Seguridad de la ONU, que deberá decidir el próximo 31 de octubre si renueva el mandato de su Misión de Verificación y qué funciones conservará.
La iniciativa forma parte de los cambios que impulsa el Ejecutivo sobre la implementación del pacto de 2016. La discusión ocurre después de recortes presupuestarios a instituciones vinculadas con la justicia y la construcción de paz.
Según fuentes diplomáticas, Colombia busca retirar del mandato de la Misión el seguimiento a la reforma rural integral, uno de los compromisos centrales del acuerdo.
El Gobierno podría conseguir apoyo para esa modificación, ya que varios países consideran aceptar una reducción de funciones para evitar que Estados Unidos vete la renovación.
El antecedente ocurrió en 2025, cuando el Consejo de Seguridad eliminó del mandato la supervisión de las sanciones de la justicia transicional y del capítulo étnico.
La reforma rural contempla adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos y formalizar otros siete millones. Hasta ahora, las autoridades han entregado cerca de 75,000 hectáreas y formalizado 3.1 millones, respectivamente.
Una alternativa bajo discusión permitiría conservar el seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dirigidos a municipios especialmente afectados por el conflicto armado.
El Reino Unido prepara el proyecto de resolución que analizará el Consejo de Seguridad. El 12 de octubre comenzará una etapa decisiva de las negociaciones, después de que la Misión presente su informe trimestral.
Representantes de organizaciones civiles advirtieron que la reforma rural requiere acompañamiento en acceso a tierras, infraestructura, crédito y desarrollo productivo.
La exministra de Agricultura Jhenifer Mojica señaló que retirar esta función reduciría la transparencia y la confianza de las comunidades en los resultados.
Además, fuentes diplomáticas consideran que el cambio podría disminuir el presupuesto, el personal y la presencia territorial de la Misión.
El Ejecutivo también explora nuevas funciones internacionales relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, la desmovilización y los procesos de sometimiento a la justicia.
La relación institucional enfrenta otras tensiones. El 2 de octubre, ningún ministro colombiano participó en la reunión preparatoria del informe trimestral, algo que no ocurría desde hacía ocho años.
Desde su creación en 2017, la Misión ha supervisado la reincorporación de excombatientes, acompañado conflictos territoriales y facilitado la liberación de aproximadamente 600 personas secuestradas.
Si el Consejo aprueba la reducción propuesta, su trabajo quedaría concentrado principalmente en la reincorporación, las garantías de seguridad y algunos componentes de género.
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