El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió el 19 de noviembre su candidatura para las elecciones de febrero de 2027, con las que buscará un tercer mandato. La decisión llega después de una controvertida reforma constitucional que permitió la reelección presidencial indefinida.
A sus 45 años, el mandatario mantiene una elevada popularidad gracias a su política de seguridad, aunque organizaciones internacionales y especialistas advierten sobre las consecuencias del régimen de excepción para los derechos humanos.
Nayib Bukele mantiene apoyo pese a denuncias
Una encuesta sobre el séptimo año de gobierno otorgó al presidente una calificación de 8.24 sobre 10, mientras otros estudios sitúan su aprobación cerca del 80%.
La politóloga Fátima Peña, investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, explica que numerosos salvadoreños perciben una reducción de las extorsiones y amenazas de las pandillas.
Sin embargo, el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, permite suspender garantías constitucionales relacionadas con la defensa legal y la protección de las comunicaciones.
Expertos de Naciones Unidas han advertido que algunas violaciones cometidas bajo estas medidas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Pese a las denuncias, el modelo salvadoreño continúa despertando interés fuera del país. En Haití, miles de manifestantes respaldaron las operaciones de militares salvadoreños contra las bandas criminales.
Perú estudia medidas penitenciarias similares
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, visitó en octubre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y anunció que estudiaría algunas de sus prácticas.
El Gobierno peruano también confirmó la construcción de dos megacárceles en Huaura, con apoyo estadounidense y capacidad conjunta para aproximadamente 24,000 internos.
No obstante, la criminóloga Lucía Nuñovero aclaró que estos proyectos penitenciarios se discuten desde hace más de una década y no surgieron directamente del modelo salvadoreño.
La especialista advirtió que construir prisiones resulta insuficiente sin fortalecer las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias.
Mientras Nayib Bukele busca prolongar su permanencia en el poder, su experiencia continúa alimentando un debate regional sobre seguridad, popularidad presidencial y respeto al Estado de derecho.