El pulso migratorio de Estados Unidos enfrenta un nuevo giro con la reciente decisión de la Corte Suprema. Este viernes, el máximo tribunal volvió a autorizar que el gobierno del presidente Donald Trump avance con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a cientos de miles de venezolanos.
El fallo suspende una resolución previa del juez federal Edward Chen en California, quien había determinado que la administración actuó de manera ilegal al intentar revocar de forma abrupta el programa. Con esta decisión, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mantiene su estrategia para revertir la prórroga de 18 meses aprobada en su momento por Joe Biden.
El futuro incierto del TPS en Estados Unidos
El TPS protegía a más de 600 mil venezolanos residentes en el país. De ellos, 350 mil perdieron su cobertura en abril y otros 250 mil la perderán en noviembre, lo que los expone a un posible proceso de deportación. Este movimiento se produce mientras la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito analiza el caso, un litigio que podría extenderse durante meses.
La Corte Suprema, dominada por seis jueces conservadores frente a tres progresistas, ya había respaldado la medida en mayo. Aunque las magistradas liberales expresaron su desacuerdo, la mayoría optó por mantener la línea jurídica previa. La jueza Ketanji Brown Jackson señaló en su disidencia que la interferencia del tribunal “pone en riesgo vidas” al alterar decisiones de instancias inferiores.
Voces y consecuencias de una decisión
Organizaciones civiles, como la Alianza Nacional TPS, han advertido que la medida tendrá consecuencias devastadoras en familias que llevan años trabajando y contribuyendo en Estados Unidos. Cecilia González, integrante de la Alianza, denunció que la decisión amenaza la estabilidad laboral, la continuidad de tratamientos médicos y la seguridad de miles de hogares.
En contraste, el gobierno de Trump ha justificado su postura vinculando la migración venezolana con problemáticas de seguridad. Sin embargo, datos recientes confirman que no existe un incremento significativo de criminalidad atribuible a los migrantes de Venezuela en el país.
