San Diego volvió a demostrar que las decisiones sobre seguridad siempre abren preguntas profundas sobre el equilibrio entre protección y libertad. En Estados Unidos, una ciudad tan diversa como esta decidió continuar usando 54 herramientas de monitoreo, una decisión que coloca a la tecnología de vigilancia en el centro del debate público y muestra cómo las comunidades enfrentan los dilemas de una era digital cada vez más intensa.
La aprobación del Comité de Seguridad Pública incluyó un sistema que genera polémica desde su implementación. Hablamos de los lectores automáticos de placas vehiculares que, según la policía local, ayudan a ubicar autos robados, resolver investigaciones y responder a delitos graves.
El avance de la tecnología de vigilancia en la ciudad
La policía sostiene que estos sistemas fortalecen las investigaciones criminales y apoyan a los equipos de campo. Además, destacan que los datos solo deben usarse con fines oficiales y vinculados a casos activos. También aseguran que desde 2024 la herramienta ha contribuido a más de 600 investigaciones, a recuperar bienes valuados en millones de dólares y a lograr más de 420 detenciones.
Por otro lado, diversas organizaciones defensoras de la privacidad temen que estas prácticas vulneren derechos básicos. Advierten riesgos como vigilancia excesiva, uso discriminatorio de la información y recopilación indiscriminada de datos sin necesidad comprobada. En consecuencia, afirman que el equilibrio entre seguridad y libertad necesita reglas más claras y participación comunitaria.
Preocupaciones sobre privacidad en espacios públicos
Un punto que reavivó el debate es el registro de un incidente de filtración de datos que la policía omitió inicialmente en su informe anual. Aunque después lo calificaron como un error, el caso alimentó la desconfianza de vecinos que ya cuestionaban la presencia de estas cámaras en postes de alumbrado en casi toda la ciudad.
También preocupa el costo del programa. Su instalación, activación y reubicación superaron los tres millones de dólares, lo que obliga a revisar si su funcionamiento realmente compensa la inversión realizada por la ciudad.
La discusión sobre tecnología de vigilancia seguirá creciendo, especialmente cuando se mezclan seguridad, inversión pública y derechos civiles. En un contexto nacional donde ciudades enfrentan desafíos complejos, el caso de San Diego revela que cada herramienta tecnológica exige transparencia y responsabilidad.
En noviembre de 2024, estos sistemas ya habían recuperado más de 5.8 millones de dólares en propiedad robada, cifra que explica por qué las autoridades defienden su uso.
