El expresidente Evo Morales enfrenta una nueva orden de captura en Bolivia después de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz lo acusara de presuntamente promover las protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante más de 50 días.

La investigación atribuye al exmandatario seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos. Los cargos más graves contemplan penas de hasta 30 años de prisión.

Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso forma parte de una persecución política impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Evo Morales rechaza las acusaciones de la Fiscalía

En su cuenta de X, el exgobernante afirmó que las autoridades buscan responsabilizarlo de las movilizaciones para ocultar la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondió que la orden de captura no proviene del Ejecutivo, sino de la justicia. También sostuvo que Morales deberá explicar el papel que desempeñó durante los 53 días de bloqueos y las declaraciones en las que asumió responsabilidad sobre las protestas.

Las manifestaciones registradas entre mayo y junio dejaron 22 personas fallecidas, 88 heridas y 573 detenidas, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Además, provocaron desabasto de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.

El expresidente también enfrenta otro proceso penal

Esta no es la única causa abierta contra Morales. Desde 2024 enfrenta otra orden de captura por un caso de presunta trata y tráfico de personas relacionado con una supuesta relación con una menor de edad durante su último mandato.

La Fiscalía renovó esa orden en 2025, mientras que el juicio iniciado en mayo quedó suspendido porque el exmandatario no acudió a las audiencias.

Morales permanece en la región del Chapare, donde sus simpatizantes mantienen un cerco permanente para impedir su detención. Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, aseguró que alrededor de 2,000 personas resguardan diariamente al exmandatario.

El Gobierno sostiene que no pondrá en riesgo a la población para ejecutar la orden judicial, mientras la situación política y judicial de Morales continúa agravándose con nuevos procesos abiertos en su contra.

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