San Diego volvió a colocarse en el centro de una disputa nacional que combina redes sociales, política y miedo comunitario. En los últimos meses, narrativas impulsadas por la extrema derecha comenzaron a circular con fuerza, señalando sin pruebas a centros de cuidado infantil vinculados a comunidades inmigrantes.
El fenómeno no llegó de golpe ni con operativos visibles. A través de videos virales y transmisiones en línea, influencers y activistas difundieron acusaciones de fraude que generaron visitas intimidatorias, grabaciones sin consentimiento y un clima de desconfianza en vecindarios de la ciudad.
La extrema derecha y la expansión de la desinformación local
El patrón se repitió tras un video difundido desde el Medio Oeste que fue desmentido por autoridades estatales. Aun así, la narrativa se replicó en San Diego, donde proveedores de cuidado infantil reportaron presencia de personas filmando viviendas y cuestionando su legalidad.
Además, la presión aumentó en un contexto de políticas migratorias más agresivas a nivel federal. Para muchas familias, mantener espacios seguros para niños pequeños se volvió una tarea diaria atravesada por temor y vigilancia constante. Autoridades locales pidieron evitar cualquier forma de hostigamiento.
San Diego frente al impacto social y comunitario
También surgieron respuestas institucionales. Funcionarios estatales recordaron que los centros que reciben fondos públicos ya enfrentan inspecciones periódicas. Negarse a permitir el ingreso de extraños no constituye evidencia de irregularidades.
Por otro lado, organizaciones comunitarias alertaron que estas campañas distraen de problemas reales como la escasez de cuidado infantil accesible.
El efecto no es abstracto. Proveedores modificaron rutinas, invirtieron en seguridad y limitaron actividades al aire libre. La tensión se trasladó a familias trabajadoras que dependen de estos servicios para sostener su vida cotidiana.
En consecuencia, San Diego se convirtió en un nuevo escenario donde la extrema derecha prueba el alcance de la desinformación digital, con impactos tangibles en la convivencia urbana y la confianza social.
