La Suprema Corte de Estados Unidos redefinió el alcance de quién puede impugnar leyes electorales, una decisión que reconfigura el panorama legal rumbo a las elecciones intermedias de 2026 y que ya genera efectos directos en California.
El fallo establece que los candidatos tienen derecho a cuestionar normas electorales, incluso si no pueden demostrar un daño directo en el resultado de su elección. Desde el inicio, el debate se centra en el voto por correo, un mecanismo que ha ganado peso en varios estados y que continúa bajo escrutinio político y judicial en el país.
Además, la resolución surge en un contexto de creciente polarización sobre los procesos electorales, donde sectores republicanos han intensificado sus críticas a las leyes estatales que permiten contar boletas recibidas después del día oficial de votación.
Suprema Corte redefine el concepto de legitimación
La Suprema Corte, con una votación de siete a dos, sostuvo que un candidato posee un interés personal en las reglas que regulan el conteo de votos. El presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que ese interés existe independientemente de si la norma beneficia o perjudica el desempeño electoral del aspirante.
En consecuencia, tribunales inferiores ya no pueden desechar demandas únicamente porque el candidato haya ganado con amplio margen. Este criterio reactiva casos previamente congelados y abre la vía a nuevas impugnaciones estatales.
Por otro lado, los jueces disidentes alertaron sobre el impacto sistémico de la decisión. La magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió que el fallo puede generar inestabilidad al incentivar litigios incluso después de concluidos los comicios, una preocupación compartida por sectores que temen una judicialización permanente de los procesos electorales.
California y el caso que vuelve a escena
En California, la decisión reactiva la demanda impulsada por el congresista Darrell Issa contra la ley estatal que permite contar votos por correo posteriores al día de la elección. El caso permanecía suspendido mientras se resolvía el criterio de legitimación.
Asimismo, organizaciones conservadoras celebraron el fallo como un avance en lo que consideran supervisión electoral, mientras líderes demócratas advirtieron que la medida puede usarse para obstaculizar elecciones futuras.
El tribunal aclaró que no resolvió aún sobre la legalidad de las leyes de voto por correo. Sin embargo, confirmó que en los próximos meses analizará un caso similar en Mississippi, lo que podría establecer límites adicionales a este mecanismo electoral.