El eco de los aviones en la Estación Naval de Norfolk suena distinto cuando la preocupación flota en el aire. En varios estados del país, miles de familias militares viven días de incertidumbre ante la posibilidad de no recibir su próximo pago mientras el cierre del Gobierno de Estados Unidos continúa sin solución.
Bashtye Bailey, veterana y esposa de un marino, hace fila bajo el sol de Virginia para recibir alimentos frescos. “Ya hemos recortado gastos”, comenta, reflejando la tensión que se extiende entre quienes sostienen el servicio activo del país. En un intento de contención política, el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Defensa a usar fondos de investigación del Pentágono para cubrir temporalmente los salarios militares.
El cierre del Gobierno y su impacto directo
La medida busca evitar el colapso financiero de más de 1.3 millones de miembros en servicio activo, además de miles de empleados civiles federales. Sin embargo, economistas como Bob McNab, de la Universidad Old Dominion, advierten que los efectos económicos se sienten con rapidez. En la región de Hampton Roads, donde cuatro de cada diez dólares dependen del gasto federal, un cierre prolongado podría costar miles de millones.
En los alrededores de la base, pequeños negocios como Kitchenfinity, un restaurante familiar, ya notan el impacto. “Si no hay pago, habrá menos clientes. Todos intentarán recortar”, explica Richard Maigue, su propietario. La economía local, tejida por los sueldos del servicio, se tambalea ante la pausa administrativa.
Los bancos de alimentos también se preparan para una demanda creciente. El programa Hunger Heroes, en el sureste de Virginia, anticipa filas más largas si la parálisis federal se prolonga. En medio del temor, familias como la de Bailey reviven recuerdos del cierre de 2018, que duró 35 días y dejó huellas profundas en las comunidades militares.
