FGR investiga a Carlos Torres y genera presión sobre Marina del Pilar

Carlos Torres y la investigación de la FGR en Baja California

Carlos Torres confirmó en México que la Fiscalía General de la República mantiene un proceso en su contra, luego de la filtración de un citatorio que reactivó la atención pública sobre su entorno político en Baja California.

El exfuncionario honorario y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo que el caso deriva de una denuncia anónima y no de una investigación sustentada en hechos comprobados, según expuso en una carta enviada a medios nacionales.

Carlos Torres rechaza señalamientos y denuncia filtraciones

Carlos Torres explicó que la denuncia se presentó en junio de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y que, hasta ahora, no existe imputación formal en su contra. Además, señaló que la filtración del citatorio vulnera el debido proceso.

Asimismo, negó cualquier vínculo con redes de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico o lavado de dinero en Baja California. También rechazó haber recibido pagos mensuales para favorecer operaciones del crimen organizado en la entidad.

Por otro lado, recordó que desde noviembre de 2025 su expareja afirmó públicamente que él no había recibido notificación oficial de la FGR, lo que reforzó las dudas sobre el origen de la información difundida en redes sociales.

En su comunicado, Torres aseguró que el carácter anónimo de la denuncia permite acusaciones sin pruebas y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades federales. Además, afirmó que ya se retiró de la actividad política para concentrarse en aclarar su situación legal.

Investigación en curso y contexto político en Baja California

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la revisión del caso mientras analiza los elementos presentados en la denuncia. En paralelo, el episodio se suma a una etapa de mayor escrutinio público sobre figuras cercanas al poder estatal en México.

Datos oficiales indican que en 2025 la FGR recibió miles de denuncias anónimas relacionadas con delitos federales, aunque solo una fracción derivó en procesos judiciales formales tras la validación de pruebas.