Una decisión judicial en Estados Unidos detuvo de forma temporal una medida federal que amenazaba programas esenciales para millones de familias. El fallo impacta directamente a estados con alta población vulnerable y reaviva el debate sobre el uso político de recursos públicos.
El juez federal Arun Subramanian bloqueó el recorte de fondos ordenado por la administración de Donald Trump, que congelaba miles de millones de dólares destinados a asistencia social y cuidado infantil. La resolución respondió a una demanda presentada por una coalición de cinco estados liderados por demócratas.
Recorte de fondos queda suspendido por orden judicial
California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York solicitaron una orden de restricción temporal al considerar la medida inconstitucional. Además, argumentaron que la administración federal no presentó pruebas que justificaran la suspensión de recursos.
El tribunal ordenó eliminar cualquier obstáculo que impida a los estados acceder a los programas afectados. Estos fondos sostienen servicios de cuidado infantil, capacitación laboral, prevención de la falta de vivienda y apoyo financiero para familias de bajos ingresos.
Por otro lado, fiscales estatales señalaron que algunos estados ya enfrentaban dificultades operativas por la congelación. También denunciaron exigencias federales para entregar grandes volúmenes de documentos e información sensible en plazos reducidos.
Impacto social y tensión política en aumento
La disputa surge tras una investigación federal por presunto fraude en Minnesota. Sin embargo, los estados demandantes sostienen que el recorte de fondos responde a motivaciones políticas y no a hallazgos comprobados.
Funcionarios estatales advirtieron que la suspensión generaría daños económicos diarios de cientos de millones de dólares. En consecuencia, destacaron que los programas involucrados resultan esenciales para el bienestar infantil y la estabilidad comunitaria.
La congelación afecta recursos del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil y de la Subvención Global para Servicios Sociales. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos investiga posibles pagos indebidos, sin presentar evidencia pública hasta ahora.
El monto total retenido supera los 10,000 millones de dólares, una cifra que representa una parte sustancial del financiamiento social para los estados involucrados.
