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Juez limita uso federal de la Guardia Nacional en California

La tensión entre gobierno estatal y federal vuelve a instalarse en Estados Unidos tras un fallo que frenó los intentos de mantener bajo control federal a cientos de integrantes de la Guardia Nacional de California. La decisión abre un debate urgente sobre los límites del poder ejecutivo y la autonomía que los estados deben preservar en momentos de presión política.

El juez federal sostuvo que no existe evidencia que justifique retener tropas en servicio federal prolongado, especialmente cuando ya no existen condiciones que impidan a las autoridades locales ejecutar la ley. Además, cuestionó que los efectivos fueran enviados a otros estados, un movimiento que transformaría a la Guardia Nacional en una fuerza itinerante sin supervisión estatal.

Debate por el uso de la Guardia Nacional en operativos federales

El conflicto comenzó tras órdenes que buscaban mantener a 300 guardias bajo mando federal para apoyar operaciones vinculadas con inmigración en Los Ángeles. Por otro lado, funcionarios estatales argumentaron que tales medidas excedían la autoridad presidencial y vulneraban principios básicos de federalismo. Asimismo, destacaron que California necesita a su personal disponible para enfrentar incendios, emergencias climáticas y seguridad interna.

La resolución judicial subrayó que desplazar tropas sin una justificación clara crea un precedente riesgoso.

Impacto nacional y desafíos futuros

Expertos en derecho público advirtieron que permitir intervenciones federales indefinidas convertiría a la Guardia Nacional en una fuerza al servicio del Ejecutivo, alterando el equilibrio entre estados y federación. De igual manera, varios gobernadores han manifestado preocupación ante intentos similares en otros territorios.

El fallo también destacó que enviar personal a Oregon mientras se argumenta una supuesta emergencia en California contradice la narrativa de necesidad operativa. En consecuencia, el debate permanecerá en tribunales mientras el gobierno federal prepara una apelación cuya resolución podría marcar un precedente nacional.

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EditorSJ

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