Administración de Trump cambia supervisión de estudiantes de inglés
Las escuelas de Estados Unidos enfrentan incertidumbre sobre los servicios para estudiantes que todavía no dominan el inglés, después de que la administración de Trump reafirmara que no aplicará las directrices federales anteriores sobre educación bilingüe y derechos civiles. La decisión genera preocupación entre especialistas, quienes advierten que algunos distritos podrían reducir sus programas de apoyo lingüístico.
Durante décadas, las autoridades educativas federales exigieron a los distritos ayudar a los alumnos a aprender inglés y garantizar que sus familias recibieran información escolar en un idioma que pudieran comprender. Estas obligaciones tienen antecedentes en la Ley de Derechos Civiles de 1964 y una sentencia de la Corte Suprema de 1974.
En octubre de 2026, los departamentos de Educación y Justicia anunciaron que no aplicarían orientaciones emitidas por gobiernos anteriores sobre estudiantes que aprenden inglés, disciplina escolar y consideraciones raciales en las admisiones universitarias.
Aunque esas directrices ya habían quedado sin efecto el año pasado, el nuevo anuncio reafirmó la postura federal y provocó confusión entre abogados y especialistas en educación.
Josie Eskow Skinner, abogada especializada en educación y exfuncionaria del Departamento de Educación, consideró que la medida tiene principalmente un propósito político, pues no introduce cambios prácticos adicionales.
Por su parte, el portavoz federal Sabin Sidney sostuvo que las orientaciones anteriores imponían exigencias excesivas a los estados y distritos escolares.
El Gobierno justificó su posición mediante una sentencia de la Corte Suprema de 2024, relacionada con la interpretación judicial de las leyes y los límites de las facultades administrativas.
Sin embargo, investigadores advierten que la menor vigilancia federal podría alentar a algunas escuelas a eliminar programas de enseñanza del inglés o reducir la contratación de docentes especializados.
Julie Sugarman, investigadora del Migration Policy Institute, señaló que existen reportes sobre distritos que están desmantelando programas y despidiendo profesores.
A diferencia de la postura federal, California conserva leyes que obligan a las escuelas públicas a enseñar inglés y ofrecer apoyo lingüístico dentro de las distintas asignaturas.
El estado también cuenta con instrumentos educativos propios, como el English Learner Roadmap, que orientan a los distritos sobre la atención a estudiantes multilingües.
Conor P. Williams, investigador de la Universidad Estatal de Arizona, recordó que las resoluciones judiciales siguen protegiendo el acceso de estos alumnos a una educación adecuada.
Esto significa que las escuelas no deben excluirlos injustificadamente de materias académicas por el idioma que hablan. Asimismo, las familias conservan el derecho a comprender las comunicaciones escolares.
Los especialistas subrayan que las decisiones de la administración de Trump no eliminan la Ley de Derechos Civiles ni la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas.
Ante la incertidumbre, algunos investigadores plantean que los estados refuercen sus propias protecciones y que el Congreso establezca obligaciones más claras sobre interpretación y enseñanza del inglés.
Para las familias de California, el punto fundamental es que los distritos escolares continúan obligados a ofrecer servicios lingüísticos, independientemente de los cambios en la supervisión federal.
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