San Diego reclama cambios en inmigración tras caso de menor haitiano
Un niño haitiano de ocho años regresó con su familia y sus compañeros de la escuela primaria Fay, en San Diego, después de que autoridades de inmigración lo retuvieran el 4 de noviembre. Su caso provocó reclamos de funcionarios locales y representantes educativos contra las políticas migratorias de la administración Trump.
El menor, estudiante de tercer grado, permaneció separado de su familia durante casi dos semanas. Aunque ya retomó sus actividades escolares, las autoridades educativas advirtieron que su regreso no elimina las consecuencias emocionales de lo ocurrido.
El 4 de noviembre, el tío del menor lo acompañó a una oficina migratoria. Su padre había sido deportado meses antes y los funcionarios determinaron que el familiar no contaba con documentos que acreditaran su tutela legal.
Tras la difusión de fotografías del niño bajo custodia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) negó las acusaciones de que hubiera detenido a un alumno de tercer grado.
Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de San Diego cuestionó la separación familiar y expresó preocupación por sus efectos psicológicos.
En una carta conjunta, el superintendente Fabi Bagula, integrantes de la junta escolar y funcionarios municipales y estatales señalaron que el distrito ofrece apoyo psicológico a estudiantes y trabajadores afectados.
La carta, dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Salud, Robert Kennedy, solicita restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Los firmantes consideran que esta medida ayudaría a proteger a millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluidos miles de residentes de San Diego.
También exigieron terminar con las separaciones familiares y detener las operaciones de vigilancia del ICE en escuelas y otros espacios sensibles, o cerca de ellos.
Los representantes educativos sostienen que una reunificación familiar no resuelve los problemas del sistema y reclamaron protocolos federales para evitar situaciones similares.
Además, insistieron en que todos los menores deben tener acceso estable a la educación, independientemente de su situación migratoria.
Las autoridades locales pidieron que las políticas de inmigración garanticen la unidad familiar y eviten nuevas interrupciones escolares.
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