La Proposición 45 cambiaría las revisiones ambientales en California
Construir más rápido se ha convertido en una promesa para California. La Proposición 45 plantea modificar las reglas ambientales aplicables a proyectos, incluidos desarrollos en San Diego; La medida aparecerá en la elección general del 3 de noviembre de 2026. Su objetivo consiste en acelerar revisiones para vivienda, transporte, agua, salud, educación, internet, energía limpia y prevención de incendios.
La propuesta crearía procedimientos opcionales para proyectos considerados esenciales. Las agencias tendrían límites más estrictos para revisar solicitudes, completar estudios ambientales y emitir permisos.
Uno de los cambios establecería 365 días hábiles para terminar un informe de impacto ambiental. También permitiría solicitar una audiencia cuando la agencia responsable incumpla ese plazo.
Además, los tribunales tendrían 270 días para resolver demandas relacionadas con la revisión ambiental. La medida limitaría algunas pruebas y evitaría detener proyectos completos cuando el incumplimiento afecte solamente una parte.
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Quienes apoyan la Proposición 45 sostienen que los retrasos elevan costos y frenan viviendas, clínicas, carreteras y sistemas de agua. Consideran que los plazos aportarían certeza sin eliminar normas ambientales; Los opositores advierten que la revisión acelerada podría reducir la participación comunitaria. También cuestionan que el desarrollador pueda presentar una sola alternativa, en lugar de considerar varias opciones para disminuir impactos.
Para San Diego, el debate toca asuntos cercanos. La vivienda costosa, las necesidades de transporte, la disponibilidad de agua y la prevención de incendios requieren infraestructura, pero también análisis cuidadosos.
La medida mantendría las consultas con tribus nativas reconocidas por el Gobierno federal, aunque reduciría el universo contemplado actualmente. Asimismo, limitaría la duración de los periodos para comentarios públicos; El análisis fiscal oficial calcula costos iniciales altos para gobiernos y tribunales. Estos alcanzarían decenas de millones de dólares anuales y podrían superar los 100 millones durante los primeros años de implementación.
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