San Diego County prepara demanda contra ICE por Otay Mesa

Disputa legal en San Diego County por centro de detención

Las autoridades del San Diego County anunciaron una acción legal contra el gobierno federal tras múltiples intentos fallidos de inspeccionar el Centro de Detención de Otay Mesa. Funcionarios locales afirman que buscan verificar denuncias relacionadas con condiciones de salud y bienestar de las personas detenidas en la instalación.

La Junta de Supervisores del condado informó que autorizaron al abogado del San Diego County a preparar una demanda federal después de que se les negara nuevamente el acceso para realizar una inspección de salud pública en el centro administrado por la empresa privada CoreCivic.

San Diego County busca inspeccionar centro de detención

La presidenta de la junta, Terra Lawson Remer, explicó que la solicitud de inspección se realizó tras recibir reportes sobre comida deficiente, problemas médicos no atendidos y otras condiciones dentro del centro de detención.

Además, funcionarios del condado señalaron que en febrero intentaron realizar una visita junto con el oficial médico del condado. Según indicaron, el personal del centro permitió únicamente una visita limitada que incluyó una breve revisión de la cocina y algunas áreas médicas.

Sin embargo, el equipo del San Diego County afirmó que se les negó acceso a registros médicos, entrevistas con detenidos y políticas sanitarias del centro.

Disputa entre autoridades locales y federales

Los supervisores del San Diego County sostienen que la ley estatal les otorga autoridad para inspeccionar instalaciones de detención dentro de su jurisdicción. Según indicaron, el caso podría convertirse en el primero en California donde un condado intenta ejercer formalmente esa supervisión sobre un centro de detención migratoria.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que los funcionarios del condado no siguieron el protocolo requerido para solicitar la visita. Un portavoz afirmó que ICE debe recibir aviso previo de al menos siete días para autorizar inspecciones.

El conflicto también ocurre en medio de debates nacionales sobre supervisión de centros de detención. Legisladores federales han señalado recientemente obstáculos similares al intentar visitar instalaciones administradas por agencias migratorias.

Las autoridades del condado indicaron que si no reciben autorización para inspeccionar el centro, presentarán la demanda ante un tribunal federal en los próximos días.