Una familia latina en San Diego analiza su factura de electricidad con una sonrisa, servicio público municipal, ahorro energético
Servicio público municipal podría cambiar el costo de la electricidad

Servicio público municipal podría cambiar el costo de la electricidad

Imaginar una factura de luz más baja ya no es solo un anhelo para muchas familias de San Diego. Un estudio reciente impulsado por el gobierno local plantea que una empresa de servicios públicos municipal podría traducirse en ahorros significativos para los hogares y negocios, al tiempo que otorga a la comunidad mayor autonomía sobre sus decisiones energéticas.

Actualmente, San Diego Gas & Electric (SDG&E) mantiene una posición dominante en la región, con tarifas que, según análisis del propio municipio, están entre las más altas del país. Frente a esto, la idea de una utility pública ha ganado fuerza. De acuerdo con el informe presentado ante el Concejo Municipal, esta nueva estructura permitiría ahorrar hasta 15% en las tarifas residenciales y hasta 17% en tarifas comerciales, dependiendo del modelo operativo.

Servicio público municipal: una vía hacia tarifas más bajas

Además del potencial económico, la propuesta incorpora una visión estratégica: acelerar la transición a energías renovables, facilitar inversiones locales y evitar que los ingresos energéticos terminen fuera del estado. Esta visión cobra particular sentido en comunidades mexicanas y latinas que, muchas veces, destinan una porción significativa de su ingreso mensual a servicios básicos.

Por otro lado, los defensores de la propuesta subrayan que otras ciudades como Los Ángeles o Sacramento ya operan sus propias utilities públicas con resultados positivos en costos y sostenibilidad. En esos modelos, la gestión municipal permite destinar ganancias a programas sociales y mejoras de infraestructura, generando un impacto directo en la calidad de vida de los residentes.

Obstáculos financieros y políticos en el camino

Sin embargo, el camino no es sencillo. Expertos advierten que los costos iniciales para adquirir la infraestructura, separarse de SDG&E y establecer una operación confiable podrían superar los mil millones de dólares. A eso se suma la necesidad de obtener permisos regulatorios estatales y federales, lo cual podría tomar años.

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