Cruzar la frontera y mirar hacia México no es solo una cuestión cultural para la comunidad hispana en San Diego. Es también una conexión económica, familiar y emocional que duele cuando el país enfrenta una amenaza en aumento: la extorsión. Este delito no solo se extiende, se institucionaliza y se diversifica, sino que afecta de forma directa a pequeñas y medianas empresas que sostienen el tejido económico local.
De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 20 de las 32 entidades federativas del país se ha reportado un incremento preocupante en los casos de extorsión. Estados como Zacatecas, Colima y Chiapas encabezan la lista con alzas que superan el 70%. No se trata de cifras abstractas, sino de familias forzadas a cerrar su comercio, jóvenes que renuncian a emprender y empresarios que optan por emigrar.
Extorsión en México como barrera para la inversión
La expansión de este delito representa una amenaza silenciosa que va más allá de las fronteras. También condiciona la percepción de riesgo para quienes desean invertir desde Estados Unidos o fortalecer negocios binacionales. Además, la extorsión genera un ambiente hostil para la innovación y la competitividad.
Empresarios mexicanos han denunciado que deben pagar cuotas semanales solo para poder operar. El fenómeno, que antes estaba focalizado en ciertos sectores, ahora se ha extendido al comercio informal, al transporte público e incluso a servicios médicos.
La extorsión ya figuraba como el segundo delito más reportado por socios Coparmex, por encima del robo o fraude. Esto no solo evidencia su extensión, sino el grado de normalización que amenaza con socavar los avances logrados en crecimiento económico y confianza empresarial.
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