La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que sostuvo conversaciones con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses. La mandataria aseguró que esos acercamientos ocurrieron dentro de la coordinación institucional en materia de seguridad entre México y Estados Unidos y negó haber actuado fuera del marco legal.
La declaración surgió después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera nuevos audios atribuidos a la gobernadora. En esas grabaciones se escucha una conversación en la que expresa preocupación por un posible proceso de extradición y plantea la posibilidad de compartir información derivada de las mesas de seguridad.
Marina del Pilar descarta acciones fuera del marco legal
En un comunicado, la gobernadora afirmó que la referencia a compartir información corresponde exclusivamente a la cooperación institucional que Baja California mantiene con autoridades de ambos países para combatir a la delincuencia. También explicó que las personas con quienes habló nunca acreditaron formalmente representar al Gobierno de Estados Unidos y que no presentaron documentos oficiales que respaldaran sus planteamientos.
En los audios difundidos también se escucha a la mandataria manifestar inquietud por posibles sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos y solicitar que futuras reuniones se realizaran en territorio mexicano por temor a viajar al vecino país.
Gobierno federal afirma que no existen elementos para investigarla
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una conversación con la gobernadora junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar el tema. Al ser cuestionado sobre una posible investigación, respondió que el contenido conocido hasta ahora no permite inferir la comisión de algún delito.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura durante su conferencia matutina y afirmó que la conversación difundida no compromete la seguridad nacional ni la seguridad de Baja California. Tanto la mandataria federal como García Harfuch señalaron que en las mesas de seguridad se comparte información relacionada con incidencia delictiva, objetivos prioritarios y casos en curso, por lo que consideraron que el material divulgado no contiene información sensible que justifique una investigación penal.
