Confiscación de vapeadores en operativo de salud pública
La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma que criminaliza con hasta ocho años de prisión la venta, distribución o importación de cigarrillos electrónicos. Esta medida marca un cambio rotundo en la estrategia nacional frente a los vapeadores, al tratarlos como un problema de salud pública con implicaciones penales. Hasta ahora, su comercialización era una falta administrativa; ahora se convierte en delito federal.
La decisión, respaldada por 417 votos a favor y 25 en contra, responde a una preocupación creciente: la popularización del vapeo entre jóvenes y adolescentes. Las autoridades mexicanas han advertido que los dispositivos, lejos de ser una alternativa segura, contienen sustancias altamente adictivas y tóxicas, como acetato de vitamina E y metales pesados. El mercado negro ha proliferado, con puntos de venta incluso dentro de escuelas.
Para comunidades mexicanas en San Diego y otras partes del sur de California, donde el consumo de vapeadores también ha aumentado, esta decisión genera un espejo interesante. En California, el uso de estos dispositivos se regula con impuestos y restricciones de edad, mientras en México se apuesta por la prohibición total. Esta diferencia abre la conversación sobre las estrategias de control de adicciones entre países vecinos.
De igual manera, esta medida mexicana también plantea interrogantes sobre el comercio fronterizo informal. La nueva pena de cuatro a ocho años de prisión podría tener impacto en los flujos ilegales hacia el país, incluyendo los cruces terrestres desde ciudades como Tijuana.
En 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) decomisó más de 152 mil vapeadores ilegales en operativos nacionales, una cifra récord que evidencia la escala del mercado informal.
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