Nicaragua autorizó nuevas concesiones para la explotación de oro que abarcan más de 175 mil hectáreas en distintas regiones del país, incluidas zonas habitadas por comunidades indígenas. Organizaciones ambientales y representantes comunitarios aseguran que las autoridades aprobaron estos proyectos sin realizar consultas previas y advierten sobre sus posibles efectos sociales y ambientales.
Las concesiones benefician a empresas vinculadas con capital chino y forman parte del crecimiento sostenido de la actividad minera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa en los últimos años.
Concesiones afectan territorios protegidos por ley
El 16 de julio, el régimen otorgó tres concesiones a Three Gold Coins Company que, en conjunto, abarcan 114 mil 500 hectáreas. Dos días antes, las autoridades aprobaron otra operación que transfirió 60 mil 610 hectáreas a Plantel Central Nicaragua, S.A., incluido un lote ubicado en el territorio indígena de Muy Muy.
Según el Atlas de Concesiones Mineras presentado por la Fundación del Río, hasta junio de 2026 el país acumuló 84 concesiones entregadas a 22 empresas de capital chino. Esos proyectos ocupan más de 1.2 millones de hectáreas, una superficie equivalente a cerca del 10 % del territorio nacional.
Organizaciones denuncian impactos ambientales y sociales
La Fundación del Río documentó que 62 concesiones ocupan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, donde cubren el 25.5 % de las tierras comunales. Líderes indígenas sostienen que el régimen nunca consultó a las comunidades antes de aprobar los proyectos, pese a que la legislación nacional y los estándares internacionales establecen ese procedimiento.
Las organizaciones también advierten que la extracción de oro provoca deforestación, abre caminos y aumenta el riesgo de contaminación por mercurio en ríos y quebradas. El Atlas identifica 163 ríos, 80 quebradas y casi mil 900 kilómetros de red hídrica dentro de las zonas concesionadas. Además, representantes comunitarios afirman que los pueblos indígenas no reciben la parte de los ingresos que la Ley 445 les reconoce por el aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios y piden que la comunidad internacional mantenga la atención sobre la expansión de la actividad minera.
