Normativa tecnológica y poder de Big Tech en California
California intentó marcar límites claros al poder de las grandes plataformas, pero la normativa tecnológica aprobada dejó un sabor a medias. Durante el año reciente, el estado avanzó en regular riesgos asociados a la inteligencia artificial, centros de datos y uso de información personal, aunque la mayoría de las leyes llegaron al escritorio del gobernador con alcances reducidos.
La narrativa se repitió en Sacramento. Legisladores impulsaron propuestas ambiciosas y las empresas tecnológicas respondieron con cabildeo intenso. En consecuencia, varias iniciativas se transformaron en versiones más suaves, enfocadas en transparencia y reportes, en lugar de sanciones directas o prohibiciones claras.
El caso más visible fue la regulación sobre inteligencia artificial. Una propuesta para imponer salvaguardas obligatorias y posibles responsabilidades legales fue vetada por el gobernador Gavin Newsom. La versión final solo exige que las grandes compañías publiquen marcos de seguridad y habiliten canales para reportar incidentes.
También, proyectos para obligar a los centros de datos a revelar consumo de agua y energía quedaron fuera. Solo prosperó una ley que permite a reguladores estudiar esos impactos. De igual manera, una iniciativa para prohibir chats dañinos dirigidos a menores se redujo a protocolos de atención para usuarios en crisis.
Asimismo, seis proyectos destinados a regular la fijación algorítmica de precios se redujeron a uno solo. La norma aprobada impide que plataformas tecnológicas obliguen a empresas clientes a usar recomendaciones de precios automatizadas.
Aun así, algunos defensores lograron avances. California aprobó una configuración de navegador que permite a los usuarios impedir la transferencia de datos personales, una medida que especialistas consideran con impacto nacional.
Por otro lado, el poder ejecutivo enfrentó tensiones internas en materia de ciberseguridad, incluida la salida de su principal responsable del área. Además, agencias policiales estatales y locales compartieron de forma indebida datos de lectores de placas vehiculares con autoridades federales, lo que encendió alertas legales.
Hacia adelante, la normativa tecnológica seguirá bajo presión. En el próximo año regresarán iniciativas sobre divulgación obligatoria del uso de IA en decisiones clave, mientras el aumento del consumo energético de centros de datos reabre el debate sobre energía nuclear. En paralelo, propuestas federales para bloquear leyes estatales sobre IA amenazan con golpear directamente a California, donde operan más de 35 mil empresas tecnológicas.
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