Centro de Detención Central de San Diego
La oficina del sheriff del condado de San Diego informó la causa y forma de muerte de un interno fallecido en agosto tras una emergencia médica en el Centro de Detención Central. El caso ocurre en medio del escrutinio público por el número de muertes bajo custodia en el sistema carcelario local.
Según el reporte oficial, el 30 de agosto, poco después de las 15:00 horas, otros internos alertaron a los agentes sobre el estado crítico de Steven Curren, de 35 años. Los alguaciles lo encontraron inconsciente e iniciaron maniobras de reanimación de inmediato. También solicitaron apoyo médico y activaron el protocolo de emergencia.
El personal trasladó a Curren a un hospital cercano. Los médicos confirmaron su fallecimiento a las 16:31 horas.
La Oficina del Médico Forense del condado determinó que Curren murió por causas naturales. El informe señaló complicaciones derivadas de una enfermedad cardiovascular hipertensiva asociada a un riñón derecho congénitamente subdesarrollado. El dictamen también mencionó asma, consumo crónico de alcohol y obesidad como factores contribuyentes.
La oficina del sheriff ingresó a Curren bajo custodia el 29 de agosto. Las autoridades lo arrestaron bajo sospecha de robo de vehículo y posesión de propiedad robada. La dependencia expresó condolencias a la familia y asignó a un oficial de enlace para acompañar a los parientes durante el proceso.
Conforme al protocolo vigente, la Unidad de Homicidios del sheriff inició una investigación completa del caso. El Consejo Ciudadano de Revisión de las Fuerzas del Orden recibió notificación formal.
La oficina del sheriff administra las cárceles del condado y enfrenta cuestionamientos desde hace varios años. Una auditoría estatal publicada en 2022 detectó deficiencias en la atención médica y en la protección de personas encarceladas. El informe analizó 185 muertes ocurridas entre 2006 y 2020.
Durante 2022, el condado registró 19 muertes bajo custodia. En 2023 ocurrieron otras seis. La oficina anunció una inversión de 500 millones de dólares para modernizar las cárceles. Organizaciones civiles sostienen que los cambios aún no reducen de forma sostenida estos fallecimientos.
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