Fortunas de funcionarios argentinos bajo la lupa
Las declaraciones juradas de los principales funcionarios argentinos muestran fuertes incrementos en sus fortunas durante 2025. El patrimonio de Javier Milei aumentó 43% nominal en un año, mientras el de su hermana Karina Milei se triplicó.
El presidente declaró ante la Oficina Anticorrupción bienes, depósitos y dinero por 295,2 millones de pesos, unos 200.000 dólares. La cifra representa además un crecimiento del 135% desde comienzos de 2024.
Karina Milei, secretaria de Presidencia, informó 35,3 millones de pesos, aproximadamente 24.000 dólares. Su fortuna aumentó casi 900% desde diciembre de 2023, cuando su hermano asumió la presidencia.
Javier Milei declaró una vivienda de 100 metros cuadrados en Buenos Aires, dos vehículos y 20.000 dólares fuera del sistema bancario.
También informó 65.562 dólares depositados en cajas de ahorro argentinas y depósitos en pesos equivalentes a unos 26.000 dólares. En el caso de Karina Milei, la mayor parte de los fondos declarados corresponde a depósitos en moneda local.
Sin embargo, ambos mantienen fortunas considerablemente menores que algunos integrantes del Gabinete.
Luis Caputo cerró 2025 con 19.500 millones de pesos, equivalentes a unos 13,4 millones de dólares. Su fortuna aumentó 64% y lo colocó como el ministro más rico. Federico Sturzenegger declaró 3.641 millones de pesos, cerca de 2,5 millones de dólares, después de un incremento del 53%.
Las declaraciones también revelan diferencias entre el discurso económico oficial y las decisiones financieras de algunos ministros. Caputo mantiene alrededor del 95% de su dinero fuera de Argentina, principalmente en cuentas estadounidenses.
El dato contrasta con sus llamados a ciudadanos y empresarios para ingresar dólares al sistema financiero e invertir dentro del país.
Sturzenegger también promocionó instrumentos argentinos durante el año, aunque una parte importante del crecimiento de su fortuna provino de inversiones en fondos que cotizan en Londres.
El Gobierno intentó impulsar la entrada de divisas mediante la llamada ley de inocencia fiscal, aprobada después de la amnistía fiscal de su primer año. La norma permite incorporar fondos al sistema bancario bajo nuevas condiciones, aunque los depósitos aumentaron menos de lo esperado.
La situación llevó a senadores de Unión por la Patria a presentar en 2025 un proyecto para obligar a altos funcionarios de los tres poderes a repatriar al menos el 50% de sus activos financieros declarados en el extranjero.
La iniciativa, denominada Ley de recuperación de la confianza financiera, no consiguió hasta ahora los apoyos necesarios para avanzar.
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