Protesta por agua contaminada en Guadalajara termina con detenciones
La protesta contra el suministro de agua contaminada en Guadalajara terminó con enfrentamientos policiales, decenas de detenciones y nuevas denuncias de represión. Miles de habitantes salieron a las calles el domingo para exigir soluciones a un problema que afecta a más de 600 colonias.
La movilización comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Los manifestantes denunciaron que reciben agua turbia, con sedimentos y malos olores, una situación que se ha agravado durante los últimos meses.
El deterioro del suministro responde a años de contaminación y falta de mantenimiento, según especialistas y documentos oficiales.
José Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que el 60% del abastecimiento metropolitano proviene del lago de Chapala, mientras el resto llega de pozos subterráneos y la presa Calderón.
El agua del lago pasa por la Planta 1 de Miravalle, construida en 1956, cuyas instalaciones no cuentan con la capacidad necesaria para tratar los niveles actuales de contaminación.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que esta planta abastece a 655 colonias. Además, la Auditoría Superior de Jalisco encontró deficiencias en los análisis de calidad y muestras con incumplimientos relacionados con coliformes, arsénico y mercurio.
El martes, las autoridades trasladaron a siete hombres al complejo de Puente Grande para presentarlos ante un juez de control.
El gobierno estatal aclaró que permanecían en el área de juzgados y no habían ingresado al penal como internos.
Inicialmente, la policía detuvo a 39 personas. Familiares y colectivos denunciaron que las autoridades no informaron oportunamente sobre su paradero y calificaron las retenciones como desapariciones forzadas.
Seis de los siete detenidos enfrentan acusaciones por lesiones dolosas agravadas contra personal de seguridad pública. Al séptimo le atribuyen desobediencia o resistencia de particulares.
Lemus sostuvo que unas 400 personas intentaron provocar enfrentamientos durante la marcha, algunas con piedras, palos y armas blancas.
Sin embargo, organizaciones y familiares cuestionaron la actuación policial, especialmente por las detenciones de estudiantes y de un repartidor de comida cuya motocicleta, según videos difundidos en redes, quedó en poder de agentes estatales.
La crisis del suministro y la respuesta policial mantienen abierta la controversia en Guadalajara, mientras las familias esperan que los jueces determinen la situación jurídica de los detenidos.
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