La crisis de Ueno Bank provocó una nueva sacudida política en Paraguay. Este jueves, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia, después de que el cierre de la institución financiera dejara a numerosos clientes sin acceso a sus ahorros y desencadenara una investigación sobre el manejo de recursos públicos.
El anuncio coincidió con el inicio de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, donde legisladores opositores y disidentes del oficialismo impulsaban un juicio político contra el mandatario. Pese a su decisión de abandonar el cargo, el Congreso todavía debe pronunciarse sobre la aceptación de su renuncia.
Una renuncia en medio de cuestionamientos políticos
Peña comunicó su decisión a través de redes sociales. Explicó que buscaba proteger la estabilidad nacional, mantener la paz social y preservar el funcionamiento de las instituciones.
El presidente también expresó preocupación por los ciudadanos que confiaron sus recursos al sistema bancario y reconoció la gravedad del momento.
En su declaración, ofreció disculpas al pueblo paraguayo por cualquier falta cometida durante su gestión y dejó a la historia la valoración de los acontecimientos.
La presión política aumentó cuando 35 diputados promovieron una acusación por supuesto mal desempeño de sus funciones. Los legisladores solicitaron aplicar el mecanismo constitucional de juicio político para retirarlo del cargo.
Santiago Peña deja el cargo tras el cierre bancario
El origen inmediato del conflicto fue la intervención de Ueno Bank, una entidad privada con aproximadamente 2.9 millones de clientes.
El Banco Central del Paraguay determinó que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo obligatorio, como consecuencia de ajustes en sus estados financieros.
La decisión de iniciar el procedimiento de resolución paralizó las operaciones bancarias y dejó fondos de clientes temporalmente inaccesibles.
Además, durante el Gobierno de Peña, organismos públicos depositaron importantes recursos en la institución. Entre ellos figuraba el Instituto de Previsión Social, encargado de administrar pensiones de gran parte de los trabajadores.
Estos movimientos financieros alimentaron las críticas contra el Ejecutivo y las sospechas que motivaron la ofensiva legislativa.
Santiago Peña llegó al poder en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028. Su renuncia anticipada deja pendiente la respuesta del Congreso y el desenlace de las acusaciones que enfrenta.
