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San Diego County acuerda pago millonario por caso de brutalidad

San Diego County cerró uno de sus litigios más largos y costosos al pactar un pago de 6.5 millones de dólares a Mickail Myles, exmaestro de preescolar herido durante una detención en Fallbrook.

El caso ocurrió en 2014, cuando agentes del sheriff detuvieron a Myles mientras investigaban un robo cercano. Aunque cooperaba, los oficiales lo esposaron, lo golpearon en la cabeza y liberaron un perro K-9 que lo mordió varias veces. Un año después, Myles presentó una demanda federal por violación de derechos civiles.

Durante más de una década, el proceso judicial acumuló costos legales e indemnizaciones que superaron los 10 millones de dólares. Un jurado federal concedió inicialmente 5 millones de dólares, pero una corte de apelaciones redujo el monto y anuló gran parte de los honorarios legales.

San Diego County suma otro acuerdo de alto impacto

El acuerdo final establece que los contribuyentes cubrirán el pago en dos partes durante este año y elimina cualquier reclamación futura relacionada con el caso. El cierre coincidió con la llegada de un nuevo asesor legal del condado, lo que marcó un posible cambio en la estrategia jurídica institucional.

Además, el expediente judicial mostró que el agente involucrado acumulaba antecedentes por uso excesivo de la fuerza. La defensa del condado ocultó esa información durante el proceso previo al juicio. Jueces federales sancionaron en varias ocasiones a los abogados por retrasar y omitir pruebas clave.

Demandas civiles presionan las finanzas públicas

Este acuerdo se integra a una serie de indemnizaciones millonarias vinculadas a la Oficina del Sheriff. En la última década, San Diego County desembolsó más de 250 millones de dólares en casos relacionados con muertes bajo custodia, negligencia médica y fuerza excesiva.

En consecuencia, el gasto anual por demandas civiles creció de forma sostenida. Solo en el último ejercicio fiscal, los pagos superaron los 50 millones de dólares.

Un análisis reciente indica que, desde 2015, los acuerdos del sheriff representan una de las mayores presiones sobre el fondo de responsabilidad civil del condado.

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EditorSJ

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