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San Diego County limita acceso de agentes migratorios federales

El gobierno local dio un paso decisivo en la protección de derechos civiles dentro de espacios públicos. San Diego County aprobó por unanimidad una ordenanza que restringe el acceso de agentes federales de inmigración a áreas no públicas de edificios del condado.

La medida, conocida como ordenanza CLEAR, busca impedir que recursos del condado se utilicen para redadas migratorias o para acciones basadas en características protegidas. La votación consolidó una postura institucional frente a la creciente actividad migratoria federal en Estados Unidos.

San Diego County refuerza reglas de acceso y supervisión

La ordenanza exige que cualquier agente federal presente una orden judicial válida para ingresar a zonas restringidas de edificios del condado. Además, obliga a colocar señalización en varios idiomas para informar a los visitantes sobre sus derechos.

San Diego County también impuso nuevas obligaciones a contratistas, arrendatarios y beneficiarios de fondos públicos. Todos deberán cumplir y hacer cumplir protecciones de derechos civiles como condición para operar en instalaciones del condado.

Asimismo, la política incorpora salvaguardas de privacidad de datos con el objetivo de evitar el uso indebido de información sensible. Las autoridades confirmaron que la implementación no generará costos adicionales ni requerirá nuevo personal.

Transparencia y aplicación de la ordenanza CLEAR

La actualización normativa obliga al alguacil del condado a emitir informes públicos cuando responda a incidentes relacionados con actividades migratorias federales. Estos reportes deberán publicarse en un plazo máximo de tres días hábiles.

Los informes incluirán qué agencias participaron, si existió una orden judicial y datos identificables del personal involucrado. En consecuencia, San Diego County busca fortalecer la rendición de cuentas y la supervisión pública.

La ordenanza entrará en vigor en un plazo de 30 días, en un contexto donde registros oficiales muestran incumplimientos previos a restricciones similares. El nuevo marco legal establece parámetros más claros y mecanismos de seguimiento obligatorios.

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EditorSJ

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