San Diego restringe colaboración con agencias federales

San Diego reafirma su compromiso con los derechos civiles. El Ayuntamiento aprobó de manera unánime la Ordenanza de Debido Proceso y Seguridad, una medida que busca proteger a los residentes de la ciudad frente a posibles abusos en operativos federales, incluyendo los relacionados con control migratorio.

Impulsada por el concejal Sean Elo-Rivera, la nueva política exige que las agencias federales presenten una orden judicial antes de acceder a áreas no públicas de propiedades municipales. Además, establece reglas de privacidad para los datos personales de los residentes y ordena colocar señalización informativa en varios idiomas dentro de las instalaciones públicas.

La Guardia local de los derechos civiles

Durante la sesión, Elo-Rivera definió la medida como una “política de libertades civiles”, más que una acción sobre inmigración. “Es una respuesta directa a los tiempos sin precedentes que enfrentamos”, afirmó. También destacó que la ordenanza “traza una línea moral y legal para proteger a todos los que llaman hogar a San Diego”.

El presidente del Consejo, Joe LaCava, subrayó que la ciudad tiene la responsabilidad de usar sus recursos con integridad. “No debemos comprometer el debido proceso ni los valores que definen a nuestra comunidad”, expresó.

Asimismo, organizaciones como Alliance San Diego respaldaron la decisión, al considerar que fortalecerá la confianza entre la ciudadanía y las autoridades locales. Su directora asociada, Erin Tsurumoto Grassi, advirtió que el miedo a la colaboración entre policías y agentes federales inhibe las denuncias y afecta la seguridad pública.

La ordenanza, que se aplicará también a contratistas y entidades financiadas por la ciudad, obliga al Departamento de Policía de San Diego a emitir reportes públicos detallados cuando haya participación conjunta con agencias federales. Estos informes deberán incluir la presencia de órdenes judiciales, nombres de agencias y datos de los oficiales involucrados.

Además, el administrador municipal deberá presentar un informe anual sobre la cooperación de la ciudad en operaciones federales. Con esta política, San Diego se une a otras localidades como Oceanside, que han adoptado medidas similares para preservar la autonomía local y los derechos humanos.

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